El viernes 5 de julio se realizaron dos eventos simultáneos y antagónicos: el festejo del aniversario de la Casa Sucar como Museo de la Ciudad, en Salta 535, y una protesta por la demolición de la Casa Conte, de estilo art noveau, ubicada en Alberdi 150; allí se construirá un edificio de viviendas en altura. La Escuela de Bellas Artes (EBA), de la UNT, fue la última en alquilar el edificio, hasta 2011, que desde entonces está en desuso y sin mantenimiento.

Dos caras de un mismo tema convergieron en este día paradójico. Por un lado, en el Museo Casa de la Ciudad hubo una exposición de artes visuales con la que se celebraba el primer aniversario de la recuperación de la Casa Sucar como inmueble patrimonial, después de muchos años de reclamos institucionales y luchas autogestionadas, como lo fue “Tucumanxs a favor”. Por otro lado, en la calle Alberdi transcurría un duelo urbano con la letanía de una intervención convocada por grupos universitarios para repudiar la demolición de la casona. No solo porque se puso fecha de vencimiento a un edificio con valor patrimonial de estilo arquitectónico del siglo XIX, sino porque se está demoliendo con ella la memoria colectiva de los miles de estudiantes que transitaron su secundaria en una escuela universitaria, entre otras memorias colectivas.

¿Qué significa el patrimonio para nuestra comunidad? Si por definición el patrimonio es el conjunto de bienes materiales tangibles e intangibles que una persona, sociedad o entidad posee, ¿cómo han neutralizado la capacidad de la comunidad para ejercer el derecho de reclamar el uso o gestión de aquello que le pertenece? ¿Acaso la experiencia de la Casa Sucar no sirve como paradigma de recuperación de áreas urbanas a través de la unión de la comunidad?

David Valdez, presidente del centro de estudiantes de la EBA en 2011 y actual estudiante de la Facultad de Arquitectura (FAU), opina: "No veo que desde la facultad haya una transferencia de todo lo que se investiga en materia patrimonial, ni convocatorias para movilización y concientización. La FAU, como casa de altos estudios, no encabeza la movilización que se llevó a cabo en la Alberdi 150. Fueron unos investigadores de arte quienes la impulsaron". Y agrega: "Esta arquitectura me parece importante por la escala, por el tamaño, por el estilo. Que la demuelan para hacer arquitectura sin calidad ni valor que trascienda en el tiempo me parece una pérdida".

Valdez, además, formó parte del grupo “Tucumanxs a favor” y sostiene que la Casa Sucar fue un punto de inflexión en la historia del reclamo público. "En ese sentido, siempre me va a parecer una conquista aunque no hayan cambiado las políticas, porque se protegió algo de mucho valor, aunque a un costo económico muy alto. Porque aunque se hubiera demolido, también seguiría todo igual”. Y propone agregar circuitos de lugares a preservar, actualizar el código, planificar programas de fomento, entre otros instrumentos de participación ciudadana.

Es necesario entonces soslayar la mirada aislada de los edificios patrimoniales que se quieren salvar, superar los debates dispersos que surgen a partir de los reclamos indignados por cada noticia de demolición, para llevar el debate a la gran pregunta: ¿qué lógica de gestión urbana propicia el gobierno municipal y qué modelo de preservación reclaman las comunidades? 

El patrimonio y los lugares de interés van más allá del hecho arquitectónico y el abordaje de la protección de los mismos debe contemplar otros enfoques que reflejen la complejidad que se merecen estos temas. La protección ambiental, paisajística (física y antropológica), plurifuncional, la recuperación de la memoria, la creación de nuevos espacios públicos y la convergencia de diferentes generaciones en un mismo espacio son algunos de los temas a tener en cuenta para diseñar políticas públicas de gestión cultural y de esa manera no elitizar el patrimonio que es de todxs.

En esta línea Juan Grande, abogado y director de la Diplomatura en Gestión Cultural de la Universidad San Pablo T, expone: “Lo que sucedió con la Casa Sucar constituye un paradigma en la conquista de derechos, gracias a la conciencia colectiva de un grupo de ciudadanos de defender el patrimonio. No es poco haber movilizado al Estado para que tome una decisión respecto de la demolición de la casa, que era inminente. La ciudadanía marcó el rumbo de las políticas públicas”. Además, remarca el valor urbanístico y cultural del área, la identidad que le da a la ciudad y el hecho de que constituye todo un símbolo que el Estado permita la demolición de una parte de la identidad. 

Desde la perspectiva del sistema político, Grande menciona la responsabilidad institucional sobre el destino y la utilidad de la Casa Sucar. “Habría sido interesante que a este caso (Sucar) lo gestionara una comisión integrada por los cuadros técnicos de la Municipalidad y por los actores que intervinieron en el proceso del reclamo autoconvocado”. La co-gestión que propone el especialista es una oportunidad para pensar en los modelos de gestión cultural popular para contrarrestar la lógica especulativa con que las grandes empresas inmobiliarias se expanden, reutilizando la planta antigua.

En los sistemáticos reclamos dispersos de salvaguardar arquitectura antigua se puede caer en la posición del conservacionismo o en la falacia de que el Estado tiene que expropiar para proteger el patrimonio. El recambio de la planta urbana es necesario, siempre que se haga inversión en la infraestructura de soporte. Las ciudades se renuevan porque hay poblaciones que las habitan, y van cambiando las demandas. El propósito radica en transformar las instancias de reclamo en programas de participación ciudadana y en adoptar instrumentos legales para la gestión pública y privada.

Entender el derecho a la ciudad es tomar conciencia que el patrimonio nos pertenece. La puja con el mercado inmobiliario salvaje se hace insostenible cuando no hay voluntad política de control. El urbanismo participativo pone en juego la co-existencia de todos los agentes y garantiza que las comunidades sean escuchadas, desplazando así al viejo urbanismo de oficina: lo que hay que demoler es el urbanismo del siglo pasado.