En los cerros y valles calchaquíes, en el noroeste argentino, se encuentra la Comunidad Originaria de Quilmes, una de las más antiguas del país. Los quilmes tienen grandes historias de luchas contra la explotación extranjera. En 1630 decidieron rebelarse y resistieron durante más de 3 décadas hasta ser doblegados por el gobierno colonial de Tucumán. Entonces el pueblo debió marchar a pie hasta la llanura del Río de la Plata, en una caminata de casi 1.500 kilómetros en condiciones deplorables. Unos cuantos la sobrevivieron, pero la serie de sometimientos y despojos que vinieron después dejaron apenas un centenar de indios quilmes, de los cuales prevalece hoy su descendencia.

Actualmente, los quilmes conforman la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita - Tucumán (Upndt), con sus propias prácticas, ideas y organización política. “Como pueblo diaguita estamos desde hace cuatro décadas en un proceso de toma de conciencia, de reivindicación de nuestros derechos, fortalecimiento de nuestra identidad cultural-organizativa, y logrando también el reconocimiento jurídico de las organizaciones comunitarias”, comenta Delfin Gerónimo, miembro del Concejo de los Quilmes, secretario de la Upndt y que además trabaja en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El 9 de agosto fue elegido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el día para conmemorar a los Pueblos Originarios. La fecha pretende reconocer la identidad y las expresiones culturales, así como las resistencias de las diferentes comunidades en todas partes del mundo. 

Son históricas las luchas que estos pueblos han librado desde la colonización, la mayoría de ellas relacionadas principalmente con la protección de sus territorios ancestrales. “La problemática más conflictiva es la territorial. Las comunidades están ahí desde siempre, antes de que vinieran los españoles. Hoy nuestras tierras figuran a nombre de terceros o de empresas”, señala Gerónimo. 

A pesar de que gran parte de indígenas fueron exterminados durante la colonización y las campañas militares del siglo XIX, aún prevalecen en el territorio argentino muchas comunidades, para quienes es constante la problemática de las migraciones y el desplazamiento. Desde el INAI señalan que, desde hace tiempo, muchas familias han debido migrar hacia las ciudades de manera forzosa debido a las invasiones que sufren diariamente en sus propios territorios, como así también por cuestiones laborales, económicas y educativas.

Gracias a las resistencias y batallas que los pueblos han desplegado en las últimas décadas, muchas de las demandas de las comunidades fueron convirtiéndose en agenda del Estado. En 2012 se llevó a cabo un relevamiento de los pueblos indígenas que se encuentran distribuidos a lo largo y ancho del territorio argentino. De allí se reconoció la identidad y la autonomía política de 34 pueblos que se inscribieron en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci), entre los que se encuentran los Atacama, Diaguita, Mapuche y Quechua.

Aquel relevamiento fue fundamental para reconocer políticamente a las comunidades. Además, en muchos casos, el programa designó a los propios indígenas para que señalizaran los territorios que actualmente reclaman como propios. “Esto sirvió para que el Estado tenga una fotografía de la realidad de cada comunidad. Antes de eso no sabían bien cuáles eran las comunidades, cuántas eran y qué reclamaban -explica Delfin-. Es una reivindicación que tiene que ver con varios aspectos, pero principalmente con la defensa territorial y de los bienes naturales que hay en esos espacios”, agrega, y destaca que todo esto revitaliza la cultura, revaloriza los aspectos ceremoniales y las formas de vida propia.

La urgencia de lo territorial

Si bien se han logrado muchos avances en cuanto a salud, educación y otros derechos, el referente señala que todavía falta resolver sus problemáticas territoriales y que desde varias organizaciones se ha impulsado la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que si bien fue presentada en el Congreso en mayo de 2018, no presenta avances hasta ahora. Para destacar la emergencia con la que se debe solucionar la cuestión territorial, cabe recordar un caso emblemático como el de Javier Chocobar, integrante de Los Chuschagasta, asesinado en 2009 mientras defendía pacíficamente el territorio de su comunidad en Tucumán. El juicio se realizó nueve años después y culminó con la condena a los responsables.

Pero el conflicto presenta obstáculos aun cuando las tierras que reclaman son de dominio fiscal: “hemos iniciado un proceso para la transferencia de tierras fiscales de la provincia a la comunidad Potrero en Trancas. Eso lleva 4 años y no se ha logrado avanzar demasiado. Como son tierras fiscales debería ser mucho más fácil y rápido. ¿Qué podemos decir cuando es una tierra donde hay un tercero interesado?”, reclama Delfín con indignación.

En Latinoamérica las comunidades han ido avanzando en el reconocimiento de sus derechos, pero no así en su representatividad política, exceptuando el caso de Bolivia con Evo Morales. Para ello es necesaria la completa articulación con el Estado, de modo que se respeten los derechos y las formas de vida de los pueblos originarios. Señala Gerónimo: “con el gobierno provincial tratamos de incluir aspectos de lo que nos queda como herencia de nuestros mayores: la medicina, la educación y nuestras formas de vida. Tratamos de incluir eso en el sistema educativo formal”.

Los quilmes mantienen aún la figura del cacique, elegido cada cuatro años por los integrantes de la comunidad. Poseen sus propios Concejos de Ancianos, de Jóvenes y de Mujeres, que levantan las problemáticas de la comunidad y son los encargados de resolver las diferentes circunstancias junto con el cacique. Su economía sigue siendo a base de la agricultura, la producción de maíz, la cría de animales, la producción artesanal. “Por eso necesitamos los espacios territoriales: para producir y mantener a nuestros animales”. 

A pesar de las usurpaciones, el arrebato de muchos de sus recursos y la negación sistemática de los pueblos originarios en la historia del país, las comunidades son una cultura viva y están en un camino de fortalecimiento de su identidad y de lucha por el reconocimiento de sus derechos.