12 de octubre de 2009: tres hombres -Darío Amín, Jorge Valdivieso y Luis 'Niño' Gómez- irrumpieron en las tierras de la comunidad de Los Chuschagasta exigiendo derechos de explotación sobre una cantera de lajas. La comunidad les pidió que se retiren del territorio que ya se había relevado como propiedad comunitaria según la ley 26.160. Los usurpadores habían llevado armas de fuego con las que hirieron de gravedad a Andrés Mamaní y asesinaron al dirigente indígena Javier Chocobar. "Ese día del asesinato yo les quité las armas a los asesinos. Si yo hubiera sido otra persona, quizás con las mismas armas los habría liquidado", dijo Delfín Cata, uno de los comuneros y hermano de Javier en una nota publicada en este medio en 2013. 

28 de agosto de 2018: comienza el juicio contra Amín, Valdivieso y Gómez. Esa primera audiencia llega después de casi nueve años de lucha e incertidumbre. La comunidad buscó todas las estrategias posibles para llegar a esa instancia. A lo largo de estos años fueron acompañados por la mesa de apoyo a la causa, Justicia por Javier Chocobar- integrada por Organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y partidos políticos-.

24 de octubre de 2018: el tribunal conformado por Wendy Kássar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli establece una condena de 22 años de prisión para Amín, 18 años para Gómez y 10 años para Valdivieso. “Vamos a estar más tranquilos, sin el miedo de verlos rondando por nuestro territorio como lo hicieron hasta ahora”, decían los integrantes de la comunidad que sufrieron un sinfín de hostigamientos, amedrentamientos y amenazas a lo largo de esos nueve años de impunidad. Los imputados quedaron inmediatamente detenidos en tanto se esperaba que la sentencia quedara firme o se cumpliera el plazo de dos años de prisión preventiva.

Julio de 2020: el 8 de julio la comunidad amanece con la noticia de que los tres condenados por el asesinato de Chocobar y las heridas a Emilio y Andrés Mamaní quedan en libertad. Los dos años de prisión preventiva se cumplieron -esto porque se suma el tiempo que estuvieron detenidos durante la investigación-. Vuelven a temer por su integridad y se declaran en alerta hasta que hablaran con sus abogados, Carlos Garmendia y Julia Albarracín. El 20 de julio, ante la falta de respuestas por parte de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que debe decidir si deja firme la sentencia tras las apelaciones de las partes, Los Chuschagasta deciden realizar una asamblea frente al Palacio de Tribunales y acampar en la plaza Yrigoyen. 

“Les pedimos a los jueces que dejen firme la sentencia. Estos asesinos no pueden quedar en libertad porque son capaces de todo. No puede ser que después de 10 años sigamos sin tener justicia”, dijo Audolio ‘Chanito’ Chocobar, hijo de Javier Chocobar, que estuvo presente en la noche del 22 de julio, cuando un grupo de agentes municipales intentaron desalojarlos.

El desalojo no fue posible porque la comunidad, acostumbrada a resistir los atropellos, cuenta con el apoyo de Organismos de Derechos Humanos y diversas organizaciones sociales. “Dicen que molestamos a los vecinos, pero los mismos vecinos se acercan a dejarnos cosas para que aguantemos estos días de frío”, contó Ismael Chocobar, uno de los voceros. Quienes continúan instalados en carpas, lejos de sus casas, organizados en turnos rotativos aseguran que no se moverán hasta que la Justicia tucumana los escuche de una vez y por todas.

*La Comunidad de Los Chuschagasta tiene su página de Facebook. Allí informan sus actividades para quienes estén interesados en firmar el petitorio o acercar donativos.

Fotografías de Ignacio López Isasmendi

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