Durante la mañana del miércoles, prestadores de discapacidad, junto a familias y asociaciones de transportistas concentraron en Plaza Independencia, para manifestar la situación actual de emergencia en discapacidad.

Fotos de Alejandro Sarmiento

El principal reclamo se centró en la urgente revisión y actualización de los aranceles en las políticas de discapacidad. “Está en riesgo la continuidad en transporte, educación, salud y rehabilitación”, señaló Mariana Marengo, directora del Instituto Modelo Interdisciplinario (IMI). Además, sostuvo que el último aumento en las tarifas de las unidades de traslado fue del 20% en enero y del 10% en febrero. “Esto no alcanza ni para subsidiar el traslado de los niños y adultos”, remarcó.

La movilización fue convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y se replicó en diferentes provincias como Mendoza, Buenos Aires, Santa Fé, La Rioja, Chubut, Salta y Misiones.

Desde el Foro sostuvieron que la discapacidad está en emergencia, ya que 200 mil personas con discapacidad pueden quedarse sin servicios básicos y 150 mil trabajadoras y trabajadores, sin trabajo en este contexto de crisis e inflación. “Solicitamos un aumento del 100% de los aranceles. Mientras que, el sector de transporte aspira a un aumento del 120% para poder mantener el servicio tras el aumento de los combustibles. Urge una reacción y respuesta inmediata del Gobierno Nacional y sus funcionarios”, expresaron.