Trabajadores de Cocinas Comunitarias se encuentran en emergencia y exigen el pago de los sueldos adeudados. Se trata de más de 60 personas que están contratadas en el marco del proyecto que pertenece a la Dirección de Políticas Alimentarias que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. “Nos encontramos en lucha, a raíz de la precariedad de las condiciones laborales en las que se enmarca nuestro trabajo”, sostienen en un comunicado dado a conocer el viernes pasado en el que, además, explican que se trata de un trabajo territorial articulado desde distintas disciplinas que consiste en acompañar a los diferentes dispositivos alimentarios desde su rol comunitario. 

Los más de 60 trabajadores denuncian que aún no han cobrado los meses de enero y febrero y que la contratación a la que se encuentran sometidos es irregular. La misma, expresan, “está mediada por una fundación, con contratos que no garantizan derechos laborales básicos, y ésto lleva así ya por 12 años consecutivos”. La situación descripta habla de una sostenida precarización de profesionales y estudiantes avanzados de distintas disciplinas que se encuentran cumpliendo sus funciones en más de 100 cocinas distribuidas en casi todo el territorio provincial.

La irregularidad de las contrataciones, que a esta altura es moneda corriente en la mayoría de las dependencias del Estado, se agudiza debido a que ni siquiera se garantiza la continuidad sostenida del proyecto y de sus trabajadores y trabajadoras puesto que se firman convenios por periodos breves. “Al final de cada convenio nos quedamos sin trabajo por meses hasta que vuelve a iniciar el próximo convenio”, detallan desde la asamblea de trabajadores. Esta situación en la que no trabajan y por consiguiente no cobran por varios meses se ve agravado por el retraso en el pago de los honorarios que, debido a la grave situación inflacionaria, devalúa los paupérrimos sueldos.

De política pública con perspectiva en derechos a asistencialismo

Por otro lado, los y las trabajadoras del proyecto Cocinas Comunitarias denuncian que el cambio de gestión a cargo de Carolina Díaz Taballione trajo aparejado un cambio de perspectiva que atenta contra la esencia del proyecto. “Se encuentra centrada en garantizar únicamente el acceso a la alimentación, restando valor a otros aspectos de nuestro trabajo que tienen que ver con la promoción y el ejercicio de derechos”, sostienen. 

Justamente, esa perspectiva de promoción y ejercicio de derechos fue lo que motivó el compromiso y el sostenimiento de las Cocinas Comunitarias por parte de quienes desempeñan sus funciones en el proyecto a lo largo de estos 12 años. El cambio de foco y su conversión en una política más asistencialista “anuncia el peligro de continuidad del proyecto, ubicando en más incertidumbre laboral a los técnicas y técnicos que hoy sostenemos el mismo, y a los dispositivos Cocinas Comunitarias”, advierten. 

La defensa del proyecto y los dispositivos van más allá de que sean una fuente de trabajo, ya que estos dispositivos cumplen un rol fundamental en la vida de las mujeres que los constituyen. “No sólo permite garantizar la alimentación de sus familias, sino que además posibilita tejer redes colectivas fundamentales para el desarrollo, en grupos sociales muy vulnerados económica y culturalmente”, dicen los y las trabajadoras sobre los que, advierten, son “las caras visibles del Estado”. 

A continuación reproducimos el comunicado de prensa:

Emergencia Alimentaria: Asamblea de trabajadoras y trabajadores de Cocinas Comunitarias en lucha.

Las y los trabajadoras/es de Cocinas Comunitarias, proyecto de la Dirección de Políticas Alimentarias, bajo la jurisdicción de la Secretaría de Estado de Articulación Territorial y Desarrollo Local, en el marco del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán, queremos dar a conocer la situación que estamos atravesando.

Actualmente somos mas de 60 técnicas y técnicos territoriales que nos encontramos en lucha, a raíz de la precariedad de las condiciones laborales en las que se enmarca nuestro trabajo. El mismo, llevado a cabo en territorio y articulado desde distintas disciplinas, consiste en acompañar a los diferentes dispositivos alimentarios desde su rol comunitario; y esto se llevó a cabo durante estos años, desde una perspectiva de derechos humanos, abogando por la soberanía alimentaria, que aspira a un ejercicio de ciudadanía activa y responsable. Así, trabajamos con más de 100 cocinas, que representan a 12 mil niñxs y adultos, que se ubican en diferentes localidades de la provincia de Tucumán, abarcando tanto capital, como norte y sur. Trabajamos principalmente con mujeres que ocupan un rol activo en su comunidad, y acompañamos procesos tanto grupales como individuales, garantizando y promoviendo el acceso a derechos.

A raíz de las condiciones en las que nos encontramos hoy, estamos desde hace un tiempo en proceso de lucha, a través de espacios de asamblea. En primer lugar reclamamos el pago inmediato de nuestros honorarios, que al día de la fecha 09 de Marzo de 2023, no hemos percibido lo correspondiente al mes de Enero ni de Febrero. Anteriormente, en el mes de diciembre de 2022 las y los trabajadores ya hicimos una serie de reclamos, reuniéndonos con las autoridades correspondientes y teniendo que llevar a cabo acciones para garantizar a fin de año el pago de dos meses de honorarios adeudados. Todo esto, intensificado por la innegable crisis económica que atravesamos como país, en la que, debido a la alta inflación, nuestros honorarios - que nunca son percibidos en tiempo y forma - quedan devaluados mes a mes.

Además nuestro trabajo se encuentra enmarcado en una contratación mediada por una fundación, con contratos que no garantizan derechos laborales básicos, y ésto lleva así ya por 12 años consecutivos. A raíz de esta situación se nos vincula al proyecto sólo como monotributistas (corriendo por cuenta de las y los trabajadores los pagos de aportes jubilatorios y obra social), con cláusulas que no garantizan pagos mensuales, y que además establece montos por honorarios de servicios que se encuentran muy por debajo de la canasta básica (que según el INDEC, al día de hoy se valúa en $163.539, la canasta tipo 2). Así mismo, tampoco se garantiza la continuidad sostenida del proyecto y de sus trabajadores y trabajadoras en él, exponiendonos desde sus inicios a incertidumbres laborales en las que, al final de cada convenio nos quedamos sin trabajo por meses hasta que vuelve a iniciar el próximo convenio, sosteniendo la irregularidad agravante de no percibir el pago de los honorarios en tiempo y forma.

Como mencionamos anteriormente, el trabajo aún así se vino sosteniendo estos 12 años, desde una perspectiva de derechos y a fuerza de convicción política y compromiso ético con las mujeres de las Cocinas. Sin embargo, el reciente cambio en la dirección de la que dependemos, actualmente a cargo de la Dra. Carolina Díaz Taballione, plantea una perspectiva diferente de abordaje del proyecto, la cual se encuentra centrada en garantizar únicamente el acceso a la alimentación, restando valor a otros aspectos de nuestro trabajo que tienen que ver con la promoción y el ejercicio de derechos, como así también a la formación y el acompañamiento colectivo que garantiza el crecimiento comunitario. Este cambio de perspectiva nos anuncia el peligro de continuidad del proyecto, ubicando en más incertidumbre laboral a los técnicas y técnicos que hoy sostenemos el mismo, y a los dispositivos “Cocinas Comunitarias”, que al día de hoy cumplen un rol fundamental en la vida de las mujeres que las constituyen, ya que no sólo permite garantizar la alimentación de sus familias, sino que además posibilitan tejer redes colectivas fundamentales para el desarrollo, en grupos sociales muy vulnerados económica y culturalmente. Por nuestra condición de trabajadoras y trabajadores de un proyecto de política pública, se posa sobre nosotras/os la responsabilidad de ser las caras visibles del Estado en los barrios, tarea que llevamos a cabo con mucho compromiso y profesionalismo, a pesar de las terribles condiciones de precariedad con las que se nos contrata para el proyecto. Con lo cual nos resulta doblemente angustiante ser expuestos ante tanta injusticia laboral.

Es por todo esto que queremos dar a conocer nuestra situación de lucha por derechos laborales básicos, buscando que se reconozca y valore nuestro trabajo, y pidiendo a la comunidad hacerse eco de nuestros reclamos, que además de implicarnos como trabajadores nos implica como sujetos sociales al encontrarnos ante dispositivos que trabajan comunitariamente. 

Exigimos, por tal, el pago inmediato de los honorarios adeudados, pedimos mejoras laborales que respeten los derechos básicos de trabajo y contratación, esperamos continuidad del proyecto “Cocinas Comunitarias” desde una perspectiva de derechos y nos declaramos en emergencia alimentaria.