En una de las peores pesadillas imaginables un día golpean tu puerta y te dicen que tenés que dejar tu casa; la Policía te saca violentamente y te deja en la calle. Esa pesadilla vivieron 20 familias de la Comunidad Indio Colalao – Base Monte Bello hace unos días, cuando fueron desalojadas de su territorio, en San Pedro de Colalao. El juez Marcelo Mendilaharzu ordenó una medida que viola la ley 26.160, que prohíbe el desalojo de las comunidades originarias, más aún cuando la tierra ya fue incluida en el censo que establece la ley, como pasa con esta comunidad tucumana.

“No es un práctica aislada sino sistemática del Poder Judicial de no cumplir, no aplicar y además violar la ley rotundamente porque esta medida incumple toda la legislación, que está articulada dentro de la normativa constitucional y de derechos humanos de los pueblos indígenas”, resalta Belén Leguizamón, integrante de Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales).

La situación de desalojo no es nueva para la comunidad: en 2015 la Justicia había ordenado la misma medida pero, tras un proceso judicial, parecía que todo había terminado. El cacique Salvador Chaile cuenta que está vez no fueron notificados con anterioridad y que su pueblo tiene la ocupación pública, pacífica y tradicional del territorio.

Las 20 familias siguen sin poder ingresar a su tierra, ni siquiera para sacar sus cosas personales, como los útiles escolares de los niños y niñas. Esto provoca también que su medio de subsistencia se vea afectado, explica Chaile, dado que viven de la cría de animales y la siembra de vegetales. “No tenemos acceso a nuestros animales y debemos alimentarlos. Nosotros vivimos de eso: sembramos maíz, vendemos humita, es un medio de vida. En 2015 ya sufrimos una pérdida grande de sembrado y animales”, agrega.

El terrateniente que quiere despojar a la comunidad, Daniel Lencina Serrano, aduce que él tiene derecho a la ocupación de 350 hectáreas, aun cuando los Indio Colalao viven allí desde hace más de 200 años. Sin embargo, para la Justicia eso no parece ser válido. El procedimiento jurídico establece que se debe realizar un relevamiento socioambiental que, de haberse implementado, daría cuenta de que las 20 familias viven en el lugar.

El cacique y los abogados se presentaron el último jueves en los Tribunales Penales para hablar con el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, pero fueron atendidos por su secretario, quien se comprometió a aprovechar la transición que atraviesa hoy la Justicia en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y formular protocolos para la investigación de delitos que tengan como parte a las comunidades indígenas. “Es lamentable porque, ante la oportunidad de reformarse y repensarse, los funcionarios profundizan estas situaciones de injusticia y desigualdad”, sostiene Belén.

Legalmente se solicitó que se revoque la medida de desalojo y que las familias puedan volver a sus casas. También se pidió la intervención del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación) y de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia. “Necesitamos de manera urgente que se frene la medida de desalojo; la Policía sigue firme y no deja entrar. No estamos usurpando. Que cumplan la ley 26.160: eso es lo que queremos. Esto es un fraude legal”, finalizó Chaile.