Electrodependientes en Argentina: un llamado de emergencia ante las políticas energéticas
En un país donde los cortes de luz son una realidad frecuente, las personas electrodependientes enfrentan un desafío constante para su supervivencia. Estas personas dependen de un suministro eléctrico continuo y estable para mantener en funcionamiento los equipos médicos que necesitan para vivir. Sin embargo, las recientes políticas del gobierno de Javier Milei han generado una profunda preocupación en esta comunidad.
El nuevo decreto del gobierno, liderado por el presidente Javier Milei, otorga a las empresas distribuidoras de energía 48 horas hábiles para responder ante las necesidades en caso de corte de luz, un cambio significativo, puesto que antes se exigía que la solución se dé en horas de corrido. “Necesitamos la luz de manera constante y estable para poder seguir viviendo,” afirma Sebastián Castellanos, un comunicador electrodependiente de Tucumán. "Este cambio a horas hábiles complica aún más nuestra situación, pues los fines de semana y feriados quedan fuera del plazo".
Además, en caso de incumplimiento, las empresas distribuidoras están obligadas a pagar una multa. Sin embargo, la comunidad electrodependiente se encuentra en una encrucijada, ya que las multas están expresadas en kilovatios, una unidad que muchos no comprenden plenamente. Las empresas tienen un plazo de hasta 30 días hábiles para proporcionar una Fuente Alternativa de Energía (FAE) a las personas electrodependientes para conectar sus equipos durante cortes de luz, un incremento considerable del plazo anterior que era de 48 horas.
La Resolución 329/2024 establece en su artículo 5 que las conexiones FAE sean reconocidas en la tarifa de luz, lo que implica que los usuarios deberán abonarlas. Esto va en contra de la Ley Nacional de Electrodependientes (27.351), que asegura ciertos beneficios y protecciones a estas personas. “Hoy están rechazando a personas cuya salud se puede deteriorar más si no cuentan con energía” expresó Mauro Stefanizzi, presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAED), en una entrevista radial con El Medidor de Río Gallegos. Stefanizzi comentó que la Asociación se reunió con el Ministerio de Salud de la Nación y que desde el gobierno expresaron que hay patologías de base donde la falta de energía no pone en riesgo su vida. “La Ley es clara: son electrodependientes aquellos que utilizan equipos de electromedicina por cuestiones de vida y de salud. Evidentemente, hay un criterio que se contradice con la Ley”, argumenta el presidente de la Asociación.
Otra medida alarmante es la Resolución 330/2024, que elimina el Registro Nacional de Electrodependientes. Este registro permitía al Ente Regulador Nacional de Energía tener visibilidad de los hogares electrodependientes, garantizando que las empresas distribuidoras priorizaran estos hogares en caso de emergencia. Sin este registro, las personas electrodependientes pierden una protección crucial. "Según el registro tenemos 10.700 personas inscriptas como electrodependientes en todo el país. Al no difundirse la Ley, creemos que son muchos más y no están inscriptas" comenta Stefanizzi.
Si bien ambas resoluciones afectan inicialmente solo a las empresas distribuidoras de Buenos Aires, hay una creciente preocupación de que estas medidas puedan extenderse a nivel nacional. "Debemos estar atentos para evitar que estas políticas se repliquen en otras provincias," advierte Castellanos.
Además, Stefanizzi ha expresado su preocupación por el aumento en el rechazo de solicitudes para renovar los trámites que las personas con electrodependencia deben realizar cada dos años para mantener beneficios esenciales, como la tarifa cero. “No estamos hablando de grandes valores. Con lo que gastó el presidente en irse a España se subsidia la energía de todos los electrodependientes por un año”, subraya Mauro. “Si el Estado no garantiza el derecho a la vida, ¿qué va a garantizar?”.
La situación de los electrodependientes en Argentina está en un punto crítico. Las nuevas políticas energéticas del gobierno de Javier Milei presentan serios desafíos para una comunidad que ya vive al borde de la emergencia. La voz de líderes como Sebastián Castellanos y Mauro Stefanizzi es un llamado urgente a la acción y la inclusión. Es imperativo que el gobierno y las empresas distribuidoras de energía reconsideren estas políticas y trabajen para proteger a las personas con discapacidad en el país.