“- ¿Esto es legal? ¿Le pasó a alguien que alquile con dueño directo y le pidan una seña para ir a ver un departamento?

- A mí me pidieron 15.000 de seña y me pasaron un CBU para poder ver un departamento”.

La charla no es inventada. Palabras más, palabras menos, se dio en Facebook, en un grupo de alquileres de casas y departamentos. Los comentarios no tardaron en llegar: que es absolutamente ilegal y arbitrario, que eso no se puede hacer, que a otras personas también les pasó, que los inquilinos son el último orejón del tarro.

Con todo, esta nueva práctica ilegal no es la única sino que se suma al llamado ‘acuerdo voluntario de incremento del precio’. Así es como el propietario le propone aumentar el alquiler por fuera de los plazos establecidos en el contrato. “Acuerdo voluntario” porque, en principio, apela a la empatía del inquilino ante la inflación pero cuando este se niega porque también sufre la escalada de precios y los números no le cierran, lo que le sigue es la advertencia de no renovación del contrato para un nuevo período. Se abre entonces un panorama bastante oscuro ante una cada vez menor oferta de alquileres para vivienda, porque cada vez son más los que eligen poner sus propiedades en un alquiler temporario por el que, además, pueden cotizar en dólares.

En este contexto, la oposición logró tener los números -justos- para que este miércoles 23 se trate en la Cámara de Diputados las modificaciones en la Ley de alquileres vigente. Si bien el sector más duro de Juntos por el Cambio buscaba que se la derogue, se logró un compromiso para conseguir el quórum con la propuesta de modificación.

Desde el oficialismo sostienen los puntos principales de la Ley de alquileres vigente y aseguraron que no darán quórum y esperarán a ver si la oposición consigue el número por sí sola. En el caso de que lleguen al número, bajarán a dar el debate y buscarán imponer su dictamen.

Los cambios que propone la oposición:

Que la renovación de contrato se haga de uno o dos años, y no de tres como lo establece la actual ley.

Que los aumentos sean cada tres meses y las actualizaciones libradas a las partes -en realidad definidas por el propietario-. En la ley vigente están sujetos al Índice de Precios al Consumidor (IPC), un número que considera no solo la inflación sino también la actualización de salarios.

Desde las organizaciones que nuclean a inquilinos proponen reunirse en la puerta del Congreso e instan a tomar conciencia de que este sector es la parte débil de la relación, ponerle freno a las especulaciones del mercado inmobiliario y defender el derecho a una vivienda digna.