Fotos de Mariela de Haro

Patricia Bullrich, Federico Stuzzeneger, Mauricio Macri, Osvaldo Jaldo son algunos de los nombres y apellidos de famosos, históricos y clásicos políticos de la historia argentina que fueron convocados, en Tucumán, este 9 de julio. Figuritas repetidas desde hace décadas que representan lo que el actual presidente Javier Milei denomina “casta” política. Toda reunida para recibir al mandatario frente a la Casa Histórica de la Independencia y firmar el Pacto de Mayo- pero en julio-. “Una argentina distinta es imposible haciendo lo mismo de siempre”, dijo ayer, una vez más, el presidente en su discurso, luego de firmar el documento de dicho pacto, con los mismos de siempre.

Entre los puntos más polémicos del pacto están el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país y la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. También se pactó una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal, pero sin entrar en detalles de lo que esto implica. “​​El Pacto añade a los propósitos del mega DNU/70 un planteo corporatista y militarista. Se trata de un acto de hipocresía porque en nombre del derecho a la propiedad privada se ataca a la fuerza de trabajo, que es la única propiedad de la clase obrera”, expresaron desde el movimiento de izquierda Política Obrera.

También hay puntos, aparentemente, no tan polémicos. Como sacados del más común de los sentidos, se habla de una educación inicial, primaria y secundaria “útil y moderna”, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Habría que definir qué se entiende por útil y a los intereses de qué sectores y, principalmente, costeada por quién. Cabe recordar que en abril de este año, Alberto Benegas Lynch, legislador por La Libertad Avanza, había dicho que no cree que la obligatoriedad de la educación. En esas polémicas declaraciones opinó, además, que los padres deberían tener la libertad de mandar a sus hijos trabajar a en vez de estudiar.

Como una respuesta de resistencia y antipacto, los movimientos sociales, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos habían convocado a un festival llamado Ite al pingo Milei. Se trataba de una protesta pacífica con ollas populares y música en la plaza San Martín. Desde el inicio se pensó que la actividad estuviera alejada de los festejos de plaza Independencia y con el motivo de reunir en otro espacio público a la gente que no está de acuerdo con las políticas radicales de actual gobierno nacional.

Sin embargo, este festival fue interrumpido por la abundante presencia policial en las inmediaciones de la plaza San Martín y el control de seguridad en el barrio sur de la capital tucumana. Al principio, no se permitió que se armen las carpas para montar la feria que estaba prevista, tampoco permitieron que se bajen los utensilios para realizar la olla popular y, ante algunas resistencias pacíficas, se llevaron detenida a la primera persona. 

El festival, lejos de ser un ataque, buscaba ser un lugar de expresión de desacuerdo ante lo que ocurriría horas después: la firma del Pacto de Mayo. Una expresión artística y popular con lugar para de encuentro, abrazo y ayuda mutua entre emprendedores. Con lo que sobrevino, quedó claro que, después de muchos años, Tucumán se suma a la mirada del gobierno libertario: no hay espacio para voces disidentes. 

Represión y detenciones

Horas antes de que el presidente Javier Milei y su comitiva lleguen a Tucumán, el festival antipacto se estaba gestando. Sin embargo, cuando las personas de a pie se estaban acercando al punto de encuentro para participar del evento cultural -con música y ollas populares-, la policía desarmó la concentración con una fuerte represión. En consecuencia, una mujer fue hospitalizada tras sufrir convulsiones y varios militantes de agrupaciones políticas debieron ser asistidos por los golpes de la policía y el efecto de los gases lacrimógenos. Al mismo tiempo se estaba realizando una concentración de los partidos de izquierda y organizaciones sociales en la plaza Hipólito Yrigoyen, que también fue desarticulada.

A lo largo de la tarde, los agentes detuvieron a cuatro personas: Peter Delgadino, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y militante del Frente Barrial 19 de diciembre; Jesús Ruiz, militante de Patria Grande; Walter Omar Díaz, docente universitario y dirigente de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt); y Daniel Leal, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Finalmente, pasada las 23 horas, las cuatro personas detenidas obtuvieron la orden de ser liberadas. La presión de militantes que llegaron hasta las puertas de la comisaría segunda y las presentaciones realizadas por parte de la organización Abogados y Abogadas en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y otros letrados del campo popular lograron dar marcha atrás a las detenciones arbitrarias. 

“Con lo que sucedió me viene a la memoria las plazas a las que íbamos los hijos de desaparecidos con nuestras abuelas en dictadura. Me viene a la memoria el escrache a (Antonio) Bussi teniendo menos de 20 años con toda la policía de la provincia en la calle y, sobre todo, me viene a la memoria que ganamos democracia y que los responsables de delitos de lesa humanidad terminaron en el banquillo de los acusados”, reflexiona María Coronel, coordinadora del Espacio de Memoria Escuelita de Famaillá y secretaria de organización de la CTA Tucumán.  “Hay momentos muy oscuros que vamos a tener que atravesar, pero nos tenemos que acordar y recuperar nuestra memoria para saber que somos un pueblo que sabe defender derechos”.