Cada vez son más los artistas y personalidades de la esfera pública que hablan en sus redes sociales, entrevistas o en medio de un show sobre el estado de salud mental que atraviesan. Angustia, depresión, ansiedad y la enumeración de síntomas aparecen de la boca de quienes necesitan compartir con sus seguidores la situación que atraviesan. “Creo que cuando, desde lugares con influencia, se muestra que esto es algo que sucede, y que sucede en todos lados y en todos los niveles, ayuda. Porque de alguna manera habilita a quien lo padece a buscar ayuda. Le quita un poco el aspecto del estigma, de la vergüenza”, sostiene la psicóloga Mariela Garvich, integrante del gabinete psicosocial de la Corte de Justicia de Tucumán. 

Ocurre que a pesar de la exposición de estos temas en los medios, opina Garvich, las sociedades -aún- no han podido con el estigma y la incomodidad de estos problemas cuando aparecen en el seno familiar. “Siguen siendo un tabú y algo con lo que no sabemos convivir.  En lo familiar, cada vez que surge, lo hace desde lo incómodo y de lo que no se puede resolver”, explica la especialista. Señala que, desde siempre, se criminaliza la locura y se patologiza el crimen: “Hay diferentes abordajes, estudios e investigaciones, pero sigue siendo algo que interpela a la sociedad y que la sociedad no sabe cómo responder”.

Ante este contexto en el que se estigmatiza a quien padece, la visibilización habilita a buscar ayuda, siempre y cuando no quede en un exhibicionismo que termine banalizando la problemática. Lo importante, en definitiva, es hablar de las crisis de ansiedad, de depresión, de angustia como problemas de salud que tienen que ser abordados con programas de salud pública, y que se aporten recursos para su abordaje clínico, social, entre otros.

“Es necesario que desde las esferas de influencia se visibilice la problemática de la salud mental como un problema de salud y se inste a quien lo padece a apelar a todos los recursos a su alcance, pero que estén realmente a su alcance. Promocionar cuáles son los síntomas, promover la apertura de espacios para trabajar estas problemáticas, acercar a la población los canales de comunicación con los efectores de salud que puedan dar respuesta a esa problemática”, señala Garvich.

La salud mental y las políticas públicas 

El Sistema Provincial de Salud (Siprosa) tiene el 0800-4444-999 para consultas sobre urgencias, dentro de las cuales está salud mental. Además, se ha desarrollado una aplicación denominada Tuc Salud que se puede descargar en el celular y donde se puede acceder a información como la atención con la que cuenta cada lugar de la sanidad provincial. Los principales servicios de salud mental están en el hospital Ángel Padilla, hospital Avellaneda y en los hospitales Obarrio y El Carmen. Además, tanto el Padilla, el Obarrio y El Carmen cuentan con guardias de salud mental. También, la mayoría de los Centros de Asistencia Primaria de Salud y las policlínicas de la provincia tienen psicólogos que atienden en horarios matutinos.

Ahora, la pregunta es: ¿qué tan disponible están? ¿Qué tan accesibles son? Hace un par de semanas, los profesionales de la salud realizaron una marcha desde plaza Urquiza hasta la plaza Independencia para exigir la efectiva implementación de la Ley 26.657, conocida como Ley de salud mental, sancionada en 2021. “Después de la pandemia todo se profundizó. No hay políticas que acompañen esta situación”, denunciaba en esa marcha Constanza Romero, psicóloga e integrante del Siprosa.

Por su parte, Emilio Mustafá, psicólogo social especializado en adicciones, señala la necesidad de que la provincia se declare en emergencia en salud mental en tanto considera que el sistema está sobrepasado. El especialista coincide en que después de la pandemia se observa un aumento de problemas en salud mental y en todos los niveles. “Hay un exponencial crecimiento de trastornos de ansiedad, pánico y depresiones. También se agravaron los niveles de agresión y violencia”, sostiene. Pero la situación se agudiza con el sistema de salud mental en un profundo estado de fragilidad al no haber recursos suficientes y ante las presiones a los profesionales que, cada vez, son peores. 

“Hay un problema estructural: los estados latinoamericanos, según datos de la Organización Mundial de la Salud, destinan solo un 2% de sus presupuestos para la atención de estas áreas”, dice, al tiempo que insiste en la necesidad de que el Gobierno declare una emergencia en salud mental y adicciones. De esta manera, el Estado reconocería que se trata de un problema central, que requiere fortalecimiento económico, partidas presupuestarias, distribución de logística y recursos y se convertiría en una prioridad. Pero lejos de atender a este pedido por parte de los y las trabajadoras de la salud mental, la provincia, al decir de Mustafá, “tiene un sistema muy fragmentado, para nada integral y aún falta la aplicación de la ley de salud mental que en Tucumán ni siquiera está reglamentada del todo”.

Hablar de salud mental es un paso importante para avanzar en la desestigmatización. Informar sobre la necesidad de atender estas afecciones y cuáles son los lugares de atención es fundamental para que la población conozca los recursos existentes. Pero, finalmente, es el Estado quien debe garantizar que esos recursos estén disponibles y accesibles a una población. Porque es el Estado el que debe garantizar el derecho a la salud integral.