El pasado 18 de septiembre, sucedió un trágico incidente en el Hospital Dr. Juan María Obarrio, cuando un paciente que se encontraba internado en la institución perdió la vida mientras intentaba escapar.

Desde el CEA (Centro de Estudios y Acciones en Salud Mental y Derechos Humanos), se manifestaron en reclamo a través de un comunicado por sus redes, ya que las autoridades no se pronunciaron al respecto. Además, la ONG hizo un firme llamado a la implementación efectiva de la Ley de Salud Mental sancionada en 2010.

Nazarena María, psicóloga graduada de la UNT (Universidad Nacional de Tucumán) y una de las fundadoras del CEA, quien también fue residente en psicología clínica del Hospital Obarrio, explica que se trata de un suceso muy gráfico, ya que "tiene que ver con una persona joven, con nombre y apellido, en una situación también de extrema vulnerabilidad social y económica, que se terminaba quedando ahí por motivos sociales, que no tenían que ver solo con salud mental, y que después de muchísimos años de haber pasado por los distintos servicios del hospital, terminó así. Esto refleja un problema macroestructural de todos los hospitales psiquiátricos". La profesional también sostiene que "lo más grave de esto, independientemente de que haya sucedido en ese hospital, es el hermetismo, no se habla, no ha salido en ningún medio y nadie se entera".

El grupo de profesionales activistas de los derechos humanos y la salud mental, explica que el encierro no cura sino que, incluso, y a juzgar por este caso, a veces puede matar. También destaca que la falta de información y el estigma que rodea a las personas con trastornos mentales severos, contribuye a la exclusión y al encierro prolongado en hospitales psiquiátricos. A pesar de que en los últimos años hubo una mayor apertura para hablar de la salud mental, desde hace siglos es un tema tabú súper estigmatizado, como si las personas que tienen una problemática de salud mental no tuviesen el derecho a vivir en comunidad. Según afirman, es esencial que la sociedad asuma la responsabilidad compartida en la búsqueda de soluciones y en la promoción de la inclusión de las personas con problemas de salud mental.

¿Qué propone la Ley?

La Ley de Salud Mental 26.657 establece la necesidad de abandonar gradualmente la existencia de hospitales psiquiátricos y, en su lugar, crear dispositivos alternativos de atención y cuidados, como centros comunitarios de puertas abiertas. La misma reconoce que la salud mental está intrínsecamente ligada a factores sociales, económicos, históricos, psicológicos y biológicos, y aboga por la protección de los derechos humanos y sociales de las personas como un componente fundamental.

María señala que "a pesar de que la ley existe desde hace más de una década, aún no se ha establecido el órgano de revisión que debería supervisar su implementación y las internaciones en hospitales psiquiátricos, garantizando que se respeten los derechos de los pacientes". Además, agrega que "este órgano de revisión también puede estar compuesto por organismos de familiares, de usuarios, y de derechos humanos, porque a lo que se apunta es que este sea intersectorial".

La salud mental es cosa de todas y todos, la salida es colectiva y algo de lo que debemos hacernos cargo como sociedad. La ley no va a implementarse si no hay voluntad política y una comunidad dispuesta a alojar personas que puedan padecer una problemática de salud mental.