En 2020, en el marco del aislamiento por la pandemia, hubo un auge de los influencers y esta actividad se consolidó como un trabajo muy bien remunerado. La mayoría de sus ingresos provienen de canjes y publicidades, otros de los pagos directos que hacen las propias plataformas digitales. Ahora bien, ¿quién controla lo que se difunde? Es muy frecuente que los creadores promocionen contenidos sin verificarlos previamente, o sin respaldo legal ni científico, lo que puede resultar peligroso, especialmente en el caso de los casinos virtuales, fondos de inversión y estafas piramidales. 

Algunos países han tomado medidas para abordar esta situación, como es el caso de España donde se sancionó una ley que establece los criterios de quiénes califican como influencers, los obliga a registrarse como tales, regula su trabajo, y las publicidades y propagandas que hacen, además exige etiquetar de manera explícita todo contenido publicitario, entre otros puntos. El objetivo principal de esta ley es proteger a las audiencias, especialmente a las más jóvenes, de publicidades nocivas. Esta actividad no está regulada en Argentina. En 2020, hubo un intento de regular la actividad, el tema no fue tratado en el Congreso durante dos años y perdió estado parlamentario. 

Cada vez son más las personas, sobre todo menores, que caen en estas trampas de internet. Mientras no exista un marco legal que regule el alcance de los mismos, y que concientice sobre el trabajo de los influencers, las audiencias seguirán expuestas a publicaciones fraudulentas y desfavorables.