“A seis meses de iniciada la gestión, el gobierno de Javier Milei desmanteló, total o parcialmente, políticas claves para el proceso de memoria, verdad y justicia”, arranca el informe publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El documento publicado esta semana da cuenta de manera exhaustiva cuáles son los cambios en estas políticas y el impacto de esas medidas, al tiempo que pone el foco en la construcción discursiva. Así, por ejemplo, remarca que el Gobierno “sostiene posiciones revisionistas y negacionistas de los crímenes de lesa humanidad y ataca a las y los referentes del movimiento de derechos humanos”.

El avance del Gobierno en el vaciamiento de las estructuras del Estado han sido noticia constante a lo largo de estos seis meses de gestión ultraderechista. El Ministerio de Género y Diversidad, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), la agencia de noticias Télam, los medios de comunicación públicos son solo algunos ejemplos de importantes sectores afectados por los recortes. En ese contexto se inscriben los embates a las políticas de memoria, verdad y justicia donde, en marzo, despidieron a casi una veintena de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “El gobierno los reincorporó en condiciones de extrema precariedad con contratos trimestrales”, informan desde el CELS.

El documento dado a conocer el mismo día que se cumplían los seis meses del mandato de Milei analiza tres puntos claves: juicios por delitos de lesa humanidad y archivos estatales, sitios de memoria y políticas reparatorias.

En cuanto a los juicios por delitos de lesa humanidad, donde desde 2007 el Estado es querellante a través de la Secretaría de Derechos Humanos, cabe señalar que este rol se ha mantenido y los procesos judiciales continúan su curso. Sin ir más lejos, actualmente, en la provincia se realiza el décimo quinto juicio conocido como Megacausa Jefatura III que se encuentra en la etapa de alegatos. No obstante, advierte el CELS, “esto convive con resoluciones y declaraciones del nuevo gobierno que buscan socavar el proceso de justicia”.

Como ejemplo de ello se señala el cierre del trabajo que realizaba Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA), al que el actual ministro de Defensa calificó de ser “un grupo de persecución y macartismo”, lo tildó de ‘para-judicial’ y amenaza con perseguir penalmente a sus integrantes. “Este equipo reconstruyó información clave a partir del trabajo archivístico y contribuyó al proceso de justicia con documentación que permitió conocer estructuras y cadenas de mando del sistema represivo, así como identificar personal militar involucrado en acciones ilegales”. Además, advierte el informe, desde el Ministerio no se garantiza la preservación de los informes y los anexos documentales que produjeron.

El gobierno también desmanteló el Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) dependiente del Incaa, que filmaba las audiencias en los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país. De esta manera, el registro de los históricos juicios no se pueden garantizar ni sostener. Cabe recordar que en 2015, el programa fue declarado de interés cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por haber conformado un archivo único sobre el proceso de justicia con cerca de trescientos registros completos de las audiencias.

Respecto al segundo punto, los sitios de memoria cuya preservación, señalización y difusión están garantizados por ley (Ley 26.691/2011) también peligran. “Las obras de infraestructura proyectadas en los sitios y/o espacios fueron suspendidas en su totalidad. Algunos de los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos antes mencionados fueron de trabajadores de sitios de memoria que ya tenían poco personal; de haberse confirmado hubieran forzado al cierre”, dice el informe.

Finalmente, en lo que respecta a las políticas reparatorias, es menester destacar que ya en la década del 90 se había empezado a implementar la política de reparación económica para las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina, en cumplimiento de obligaciones internacionales y de la solución amistosa en la Comisión Interamericana (Informe 1/1993). “Las primeras leyes comprendieron a presos políticos y a familiares de detenidos - desaparecidos o asesinados por el accionar del terrorismo de Estado. Esta política fue continuada, sostenida y ampliada a lo largo de los diferentes gobiernos que siguieron”, detallan desde el CELS.

Actualmente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Mariano Cúneo Libarona, dispuso una auditoría integral de todos los pedidos de reparación en trámite y anunció que se detendrán los pagos mientras se encuentre en curso esta auditoría. Cabe señalar que dischas auditorías se han realizado regularmente a lo largo de los años, pero desde el CELS advierten que en este caso se da en un contexto en el que las autoridades ponen bajo sospecha a la totalidad de la política pública. Claro ejemplo de ello, que se suma a los discursos negacionistas, están las propias declaraciones de Cúneo Libarona que afirmó que existe “un festival de pagos, de crear estructuras para generar plata del Estado”.