Fin de semana y 60 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se enteran de que fueron despedidos. La incertidumbre laboral y la profunda crisis económica es la combinación que describe el contexto de miles de trabajadoras y trabajadores argentinos. A esto se suma el ajuste por parte del Gobierno Nacional a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, la consecuencia: más despidos en un área que puso a la Argentina como modelo en el mundo. 

Este lunes, ante las noticias de despidos y desmantelamiento, se realizó una masiva asamblea en la ex ESMA. Trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación rechazaron la nueva ola de despidos en el área. Ya, entre marzo y abril, se conoció un centenar de despidos: algunos habían recibido un telegrama en sus casas, otros, tenían que consultar las listas que circulaban con los nombres cuyos contratos no serían renovados. “Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia ya estaban en una situación complicada antes del 10 de diciembre de 2023”, dice María Coronel, coordinadora del Espacio para la Memoria Escuelita de Famaillá. En este punto explica que ni siquiera entonces había presupuesto necesario para trabajar, ni estabilidad laboral que permitiese sostener la tarea diaria. “Pero sí, notoriamente después del cambio de gestión se ha dado prácticamente un abandono de esas políticas”, remata Coronel.

A estas decisiones de abandono se suman las miradas de muchas personas que se regodean en estos despidos y se refieren a los trabajadores como ‘ñoquis’. “Que los tucumanos y tucumanas conozcan lo que se hace en el ámbito de derechos humanos”, reflexiona María. Y en este punto se puede enumerar el trabajo que se realizan en los juicios de delitos de lesa humanidad, en los Centros de Acceso a la Justicia, en el Espacio para la memoria que tiene la provincia. “Que vayan y conozcan cuál es el trabajo que se lleva adelante y con qué fondos se realizan, como para entender si podemos estar siendo calificados como ñoquis”. 

Las decisiones de vaciamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia -como otras con objetivos de garantizar derechos- no responden a la necesidad de ‘ahorrar dinero’. Los números, comenta María, demuestran que tal ahorro es casi nulo. “Toda una planta de una Secretaría son alrededor de 100 personas, en todo el ministerio somos 600 los que estamos en riesgo de quedar sin trabajo. No hay ahorro económico, lo que hay es una decisión política de desmantelar las políticas públicas de memoria y eso es lo que nosotros vamos a pelear hasta el último momento para que no suceda”.

Entonces, ¿por qué se atacan este tipo de trabajos? “Nosotros trabajamos formando sobre cuáles son nuestros derechos, si no los conocemos no los vamos a saber defender y esto es lo que están buscando”, explica la coordinadora del Espacio. Y para lograr legitimación en decisiones con poco fundamento, el Gobierno nacional apela a la desacreditación utilizando términos como ‘ñoquis del Estado’. Es por esto que María insiste en que, antes de hablar, las personas se acerquen a La Escuelita y vean el trabajo que se realiza. “Un trabajo de sostener la memoria. Este es el momento fundamental para sostener esa memoria y para transmitir la historia de nuestra provincia y de nuestro país, porque justamente se avanza con este avasallamiento de derechos en función del desconocimiento que hay de toda esa historia”.