En la mañana de hoy, el Tribunal integrado por Rodrigo Martearena, Elena Grellet y Cecilia Tasquer, resolvió hacer lugar al planteo de la defensa y suspender el inicio de juicio por el incendio en la Brigada Femenina de Concepción para el jueves 21. Se trata del hecho ocurrido en septiembre de 2021 que costó la vida de Micaela Rocío Mendoza, Yanet Saquilán, María José Saravia y Macarena Salinas.

A tres años de la muerte de las jóvenes, las familias esperaban en la sala de audiencias que empiece el juicio contra Margarita Gutierrez, Susana Rodríguez, Sandra Rivarola y María Fernanda Lazarte, imputadas en la causa. Ya en 2021, denunciaban que no correspondía que las jóvenes (que ya estaban condenadas) se encuentren detenidas en la Brigada.  “Vivían en una celda de tres metros por tres; dormían en el piso, en unos colchones sucios. No tenían cocina; no podían cocinarse nada. Tampoco podían estudiar, ni trabajar, ni hacer actividades de recreación”, comento en aquel momento Virginia Santana, mamá de Micaela.

Además, tanto las familias como los organismos de derechos humanos señalaron que hubo abandono por parte de la Policía responsable de su seguridad. “Las cuatro murieron abrazadas ¿Cómo puede ser que los policías que estaban a siete metros de la celda no hayan escuchado nada ni salido a llamar a los Bomberos antes? Las dejaron morir”, declaró en aquel momento Virginia Santana, mamá de Micaela. 

De acuerdo a lo que figura en la investigación, cuando los bomberos llegaron al lugar, el fuego había avanzado y no pudieron abrir la puerta del calabozo. Fueron los vecinos quienes los llamaron al escuchar los gritos que provenían del interior de la dependencia policial. “La celda, además de la cerradura, tenía un candado,” sostuvo ante la prensa Santana. 

Según las denuncias de algunas sobrevivientes, no estaban dadas las condiciones para tener detenidas personas en la Brigada: no había colchones ignífugos, no tenía red contra incendios, ni siquiera matafuegos. Una realidad que se replica en otros lugares de detención de la provincia y del país. 

“La práctica de alojar personas de forma permanente en dependencias policiales debe terminar en todo el país, ya que implica una violación de derechos humanos”, había publicado en un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Y señala como agravante el caso de las mujeres debido a que estas condiciones “restringe el contacto con sus hijes y son sometidas a humillaciones y tratos violentos en razón de su género”.

Un par de semanas después de los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó lo ocurrido y exhortó al Estado a “investigar los hechos con debida diligencia reforzada y adoptar medidas inmediatas para evitar la repetición de este tipo de hechos”. En ese mismo informe advirtió que “debe cesar la utilización de comisarías como lugares de alojamiento permanente”.

Ante la intervención de los organismos y organizaciones de Derechos Humanos tanto nacionales como internacionales, se pasó a disponibilidad a la jefa de la Brigada y tres policías más que estaban a cargo del lugar de detención. Estas personas se encuentran ahora imputadas por los delitos de apremios ilegales, abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público.