Este lunes a las 18, en el Colegio de Abogados, se presentará el informe Violencia sexual contra niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. “Se trata de una de las dos investigaciones en la que venimos trabajando desde antes de la pandemia en la que se aborda la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en los países de la región”, explica Sofía Ganem que participó como consultora por Argentina.

Las dos investigaciones de las que habla Ganem fueron realizadas por Cladem (Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) en alianza estratégica con Unfpa (Fondo de Población de las Naciones Unidas - por sus siglas en inglés). “La primera de ellas compendia 16 experiencias en 10 países de la región para reflejar las múltiples formas de atención y prevención de este tipo de violencias. Y la segunda investigación, cuyo informe es el que se presentará en esta oportunidad, versa sobre la interrelación entre violencia sexual y muerte de niñas y adolescentes”, señala la especialista y explica que se analizó causales como el femicidio y el feminicidio, el suicidio, la morbimortalidad materna y la desaparición. 

“Nos preguntamos, ¿qué relación hay entre violencia sexual y cada uno de estas causales de muerte en niñas y adolescentes?¿Cómo se vulneran los derechos? y nos encontramos con una enorme dificultad de acceder a las cifras ya sea porque no están disponibles, porque no están debidamente desagregadas o porque no hay seguimiento de, por ejemplo, las niñas que ingresan con intentos de suicidios”, comenta Ganem al tiempo que adelanta que una de las conclusiones es que existe un continuum de violencia machista”. 

Las investigaciones que fueron coordinadas por Emanuela Borzacchiello -periodista e investigadora feminista, experta en violencia feminicida y derechos sexuales yreproductivo- arrojó una serie de recomendaciones entre las que se destaca: la necesidad de recopilación de datos para generar conocimientos y desarrollar políticas públicas basadas en evidencia; mejorar los sistemas de registro, análisis y difusión de datos sobre violencia contra niñas y adolescentes; y que esos datos sean desagregados por variables como la edad, sexogénero, origen racial y étnico, ámbito urbano y rural, nivel socioeconómico, antecedentes de violencia y embarazo, relación o vínculo entre la víctima y el perpetrador, modus operandi, contexto y móvil.

“Consideramos que es un informe que reviste una importancia estratégica para la prevención de estas vulneraciones de los derechos y esperamos sea una herramienta que contribuya a la erradicación de estas violencias, una herramienta al servicio de los equipos de salud, de administración de justicia y de construcción de políticas públicas efectivas”, dice Ganem.