Luego de tres semanas de debate con la oposición, el Gobierno Nacional decidió modificar puntos claves del proyecto de Ley Ómnibus y enviar una nueva versión al Congreso de la Nación. Este proyecto fue presentado por primera vez a pocos días de la asunción de Javier Milei como presidente. Entre otros puntos, planteaba una emergencia en materia económica que le otorgaba facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo por dos años (con posibilidad de extenderse durante todo el mandato del actual presidente). En la versión modificada, ese plazo se redujo a la mitad, entre otras cuestiones críticas por las que se reclamaron con cacerolazos, marchas y cartas abiertas.

Sin dudas, los reclamos de múltiples sectores, movimientos sociales y funcionarios fueron fundamentales en el debate. Ejemplo de ello fue el planteo de los gobernadores provinciales que llevó a que el nuevo proyecto establezca un 0% las retenciones para las economías regionales. También, los funcionarios de la oposición cuestionaron que algunos puntos no sean tratados como corresponde en sesiones ordinarias de ambas cámaras del Congreso, al considerar que no existía tal urgencia como para incluirlos en la Ley. Así, temas como el de la salud mental, los cambios a la ley de sociedades o la reforma electoral se tratarán en sesiones ordinarias.

Principales modificaciones

Entre los principales puntos modificados se destacan:

Jubilaciones: se mantiene la actualización trimestral hasta marzo, luego será de acuerdo al índice de inflación. “El Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. A partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”, expresa el nuevo proyecto de Ley.

Además, se suspenden las jubilaciones de privilegio a los cargos de presidente y vicepresidente. Sin embargo, las mismas no se suspenden en el caso de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Privatizaciones: YPF (Yacimiento Petrolíferos Fiscales) no se privatiza, mientras que se propone una privatización parcial para ARSAT, Nucleoeléctrica y Banco Nación. Esto último significa que el estado mantendrá el control de las empresas con el mayor porcentaje accionario. “Se eliminó YPF del listado. Para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. Además, se incorporó expresamente, la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones de la Ley N 23.696 para el seguimiento de los trámites respectivos”, dice la nueva propuesta.

Cultura: se mantiene la asignación estatal para el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y no se propicia el cierre del FNA (Fondo Nacional de las Artes). “Respecto al FNA(...) se determina que los directores deberán ser ad-honorem y que los gastos no pueden representar más del 20% de sus ingresos. Respecto del INAMU y CONABIP simplemente se restringen sus gastos a que no sean mayores al 20% de sus ingresos, sin proponer otros cambios de estructura”, reza el nuevo texto.

Medio ambiente: no se modifica la Ley 26.562 de Quema, se incorpora un artículo que garantiza los recursos para el Fondo de Bosques y se definen actividades prohibidas en la zona periglaciar. Así lo expresa el proyecto de ley modificado: “Se elimina el artículo 497 que modificaba la ley de quema (...) Se incorporó un artículo garantizando los recursos para el Fondo de Bosques, ya que la eliminación de la asignación específica se había mal interpretado como una reducción del financiamiento a dicho fondo. Finalmente se aclaró en la ley de Glaciares las actividades prohibidas en la zona periglaciar”. También se tuvieron en cuenta modificaciones en relación con los hidrocarburos y el biocombustible.

Otros puntos interesantes incluyen la eliminación del artículo que exigía la autorización del ministerio de seguridad para realizar concentraciones de más de tres personas, principalmente cuando estas tengan que ver con fines de protesta o reclamos. El gobierno consideró que este punto se prestaba a malas interpretaciones y se optó por eliminarlo. También se planteó el punto referido al blanqueo de capitales, estableciendo que los sujetos no residentes que adhieran al Régimen de Regulación de Activos no podrán declarar bienes que se encuentren a nombre de terceros. También, el poder ejecutivo quitó del proyecto los puntos que tenían la intención de modificar el Código Civil y Comercial de la Nación.