Con 27 imputados, 237 víctimas y más de 300 testimonios, comienza el juicio por delitos de lesa humanidad número 15 de la provincia. Se trata de la megacausa conocida como Jefatura III y el debate oral y público empezará mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Tucumán.

El Tribunal está integrado por los jueces subrogantes María Noel Costa -de Córdoba- y Enrique Lilljedahl y Juan Carlos Reynaga - de Catamarca-, además de Federico Bothamley -de Santiago del Estero- quien actuará como cuarto juez. A cargo del Ministerio Público Fiscal están Pablo Camuña junto a Valentina García Salemi, mientras que Pablo Gargiulo actuará en representación de la Secretaría de Derechos Humanos y de algunas querellas particulares.

En cuanto a las defensas estarán a cargo de Julieta Jorrat -como defensora particular de Luis Rolando Ocaranza- y del defensor oficial Mariano Galleta, que representará a los 26 imputados restantes.

Un centro clandestino dentro de las cuatro avenidas

Los centros clandestinos de detención en la provincia no solo se montaron en la periferia, en los pueblos alejados o en los ingenios azucareros, sino también en el corazón de la capital tucumana. Esto quedó probado en los 14 juicios por delitos de lesa humanidad que se vienen desarrollando desde 2008. Los delitos cometidos en la Jefatura de Policía, que funcionaba en la calle Santa Fe 850, se vienen juzgando desde 2010. En junio de ese año se condenó a cuatro de los siete imputados por encontrarlos responsables en los hechos contra 22 víctimas.

Ese juicio fue conocido como Jefatura I y fueron condenados a prisión perpetua el exjefe de Inteligencia de la Policía de Tucumán, Roberto Heriberto Albornoz, y el exjefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. También se sentenció a Armando Luis de Cándido a 18 años de prisión efectiva, y a Carlos Esteban De Cándido a 3 años de cumplimiento condicional.

La primera megacausa

En diciembre de 2012 empezó la primera megacausa en la provincia que se conoció como Jefatura de policía II - Arsenales. En esta oportunidad el universo procesal estaba compuesto por 228 víctimas y se juzgaba la responsabilidad de 41 imputados de los cuales resultaron condenadas 37 personas. Entre los absueltos se encontraba el sacerdote José Eloy Mijalchiyk debido a que el tribunal consideró que los testimonios y las pruebas producidas no eran suficientes para condenarlo.

A lo largo de un año de audiencias pasaron más de 350 testigos que dieron cuenta de que en la provincia se había montado un circuito represivo según el cual en la Jefatura se decidían los secuestros y en Arsenal Miguel de Azcuénaga se sellaba el destino de esas personas.