“Tuve que leer la noticia dos veces y me dio entre bronca, enojo y tristeza”, dice Romina Serrano, activista por los derechos de las personas con discapacidad. La noticia a la que se refiere es la que circuló ayer, sobre la disposición de una línea de transporte interurbano de la provincia de reducir la gratuidad de viajes y permitir en cada unidad hasta dos personas con discapacidad, cuatro jubilados y dos policías con el uniforme correspondiente.

De acuerdo a lo denunciado en la cuenta de X de la periodista Mariana Romano, se hizo descender a dos personas con discapacidad de una de las unidades de la empresa Agua Dulce. Además, advierte la misma publicación, el inspector le dijo al chofer que no pare en la parada si ve gente con ‘el pase’ en la mano.

Esta realidad es mucho más habitual de lo que parece. “Una vez un chofer no me quiso dejar pasar con mi pase”, comenta Romina y suma esa experiencia a otros episodios con choferes de los transportes públicos. “Como si fuese que las personas con discapacidad no la tenemos difícil ya de por sí”, reflexiona la joven cuya discapacidad afecta su motricidad y limita su circulación en la vía pública.

En un escenario de ajuste y avance del libre mercado, donde lo que no es rentable se descarta, las personas cuyos derechos fueron históricamente vulnerados y su reconocimiento ha llevado años de militancia, quedan en una situación cada vez más delicada. “En la actualidad los derechos ya conseguidos cuestan mantener y cuesta que seamos visibilizados para poder conquistar más derechos”, advierte Romina. Su militancia por las personas con discapacidad es la continuidad de la lucha de sus padres y de otros que han trabajado para que el Estado administre políticas públicas inclusivas como el cupo laboral o el transporte público gratuito.

“Una gran preocupación es que a los derechos ya conquistados estén tan vulnerables porque no son importantes para algunas gestiones. Es triste saber que todo el esfuerzo de la militancia de generaciones anteriores por el reconocimiento de derechos que hoy hacen mi vida un poco menos complicada, no sean siquiera tenidos en cuenta. Es como si te dijeran que vos no merecés estar en sociedad porque sos una parte débil de la sociedad”, reflexiona la joven.

El gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, sostuvo ayer ante la prensa que nadie les comunicó nada oficialmente sobre esta medida que tomó una de las líneas de transportes tucumana. “Nosotros no nos manejamos con empresas a nivel individual, sino con asociación que nuclea a todos los empresarios”, remarcó el ejecutivo. Aseguró que iba a averiguar lo ocurrido y señaló que el pago por parte del Estado se está haciendo en tiempo y forma.

Este tipo de medidas no solo son ilegales e injustas con los usuarios, sino que pone a las personas con discapacidad en una especie de competencia entre ellas. “Como si no fuese ya complicado tener una discapacidad y hacer respetar los derechos conseguidos, ahora se acerca una ‘selección’ sobre quién tiene más derechos que el otro, o quién tiene permitido hacer uso de nuestro derecho y quién no”, dice Romina.