Desde que Qatar fue elegido como sede del mundial de fútbol para el 2022, el país se abocó a los aspectos organizativos y de infraestructura para recibir a la oleada de hinchas, jugadores y turistas que visitarían sus tierras. Miles de millones de dólares fueron invertidos por este rico país y por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación). Sin embargo, tras años de preparativos, la denuncia sobre explotación laboral y otros tipos de abuso a personas migrantes nunca cesaron. 

Durante estos últimos diez años, miles de personas migraron hacia Qatar en búsqueda de un trabajo y de mayor bienestar. Según Amnistía Internacional, el 90% de la mano de obra contratada por la FIFA corresponde a personas migrantes, en las que se destacan aquellas que provienen de Bangladesh, India y Nepal. Pero hasta el día de hoy, se mantienen múltiples denuncias en las que estas personas declararon haber sido sometidas a jornadas extremas de trabajo; haber vivido en situaciones de hacinamiento y mala higiene; no haber recibido sus salarios o haber sido mal pagados. Y una denuncia aún más grave: la muerte de trabajadores, que podría estar ligada a las condiciones excesivas de trabajo. “A las puertas de la Copa Mundial, la tarea de proteger a la población trabajadora migrante de la explotación está a medias, mientras que la de indemnizar a quienes han sufrido abusos apenas ha comenzado”, dice Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional.

Entre los aspectos metódicos de explotación detectados por Amnistía Internacional, se destaca: el confiscamiento de los pasaportes de los empleados para que no pudiesen regresar a sus países y de esa manera permanecer sometidos; se les brindaba condiciones insalubres de alojamiento, convivían varias personas en pequeñas habitaciones y con mala higiene; jornadas extensas de labor sin descanso y sin remuneraciones adecuadas; muertes sin investigar, según constan las denuncias, la serie de muertes estaban relacionadas a las pésimas condiciones en las que vivían y trabajaban, pero ni el Estado ni la FIFA impulsaron investigaciones serias para corroborarlo.

Amnistía Internacional ya instó a la FIFA y a Qatar a indemnizar a todas las víctimas y a tomar medidas para prevenir y dar fin a los abusos. A pesar de los compromisos asumidos por las autoridades, estos no han cumplido aún, y se estima que la situación no cambiará tras el mundial.

El 22 de noviembre iniciará el campeonato y los ojos estarán puestos en el país. Pero las violencias sistemáticas hacia los derechos humanos pasarán a segundo a no ser que se tome conciencia sobre la gravedad de la situación.