El fin de semana, la policía de la provincia realizó razzias en varios barrios de la periferia de la capital tucumana. Desde la agrupación Andhes -Abogados y Abogadas por los Derechos Humanos y Estudios Sociales- denunciaron que el saldo fue de varios jóvenes golpeados y más de 85 detenidos que pasaron la noche en una sola celda de la Comisaría N° 11. “Tomamos conocimiento de estos hechos a través del padre de uno de los jóvenes detenidos que se acercó hasta la oficina a solicitar ayuda”, explica Mayra Luna, coordinadora del área de Seguridad y Derechos Humanos de ANDHES.

Este tipo de accionar de la policía se enmarca, explica la letrada, en la Ley de Contravenciones Policiales. Una ley que es inconstitucional -así lo dejó claro la misma Justicia en dos oportunidades. Una es el fallo en el caso Núñez y la otra en el caso Zelarayán. Sin embargo, la policía provincial la continúa utilizando como herramienta para detener arbitrariamente a quienes, según criterios personales, sean sospechosos. Esto es, sin que medie la Justicia ni se garantice ninguno de los derechos civiles de las personas. “Los familiares no solo muchas veces no saben dónde están detenidos sus familiares, sino que tampoco saben qué hacer”, señala Luna.

A partir de tomar conocimiento de este caso es que desde la organización se enteraron que estos operativos se habían realizado en distintas zonas de la provincia. “Nos llamó mucho la atención porque, si bien estas son prácticas que nunca cesaron, son prácticas tradicionales de las fuerzas policiales, en los últimos años y también desde la sanción del nuevo Código Procesal Penal, habían disminuido los casos y no se registraban esta cantidad de detenidos”, advierte la abogada. La información de las razias y del caudal de personas detenidas fue confirmada por el personal de la Comisaría 11. Los operativos se realizaron no solo en la capital sino en los departamentos del interior de la provincia y se hablaba de, al menos, 85 personas.

Desde Andhes se solicitó al ministerio de Seguridad de la provincia un informe del operativo en el que conste la cantidad de detenciones, el estado actual de las personas, si se encuentran detenidas o no para pensar estrategias ante lo que parece ser, en palabras de Luna, un retroceso en materia de derechos humanos.

Derogar la Ley de Contravenciones para terminar con los abusos policiales

Desde Andhes, se impulsa un nuevo régimen contravencional y se pide la derogación de la Ley que aún subsiste desde la última dictadura cívico militar. Se busca, explican, que este nuevo régimen sea respetuoso de los derechos de las personas. “Que sea acorde a los procedimientos penales que están vigentes”, señala la abogada. Al respecto puntualiza: “Hay un nuevo Código Procesal Penal que marca cierta constitucionalidad que, de pronto, en las en las detenciones por contravenciones no existe, no existe ese control de legalidad. Y eso es muy grave en un Estado de derecho”.

En el caso Zelarayán, el juzgado tucumano consideró que la ley de contravenciones “es un sistema anacrónico, de tipo monárquico contrario a la Constitución”. En esa oportunidad criticó también la ‘amplitud’ de los tipos contravencionales que dejan a los agentes de la policía un gran margen de discrecionalidad a la hora de aplicar la ley.

“Es una ley que tiene la lógica de control social a través del ejercicio abusivo de la fuerza, en donde la policía actúa como juez y como parte y no hay intervención del poder judicial. No hay control de legalidad y es una herramienta de mucho poder para las fuerzas policiales. Entonces sí es es muy usada, para ejercer ese poder y ese control social, y también para recaudar de manera paralela, o como mecanismo de extorsión”, advierte Mayra Luna.