Después de la feria judicial se reanudaron las audiencias en el juicio por el homicidio de Luis Armando Espinoza y las lesiones ocasionadas en un arresto irregular a Juan Espinoza. La jornada empezó pasada las 10.30 de la mañana y declararon como testigos oficiales que participaron de los allanamientos en la vivienda de algunos imputados. También se escuchó los detalles que recordaban los ciudadanos que firmaron las actas de actuación como testigos.  

El hecho ocurrió en mayo de 2020, durante las medidas de aislamiento por el COVID19 implementadas por el gobierno nacional. Según la investigación y los testimonios escuchados a lo largo de las 10 audiencias realizadas en 2022, el 15 de mayo, Juan y Luis se dirigían a sus respectivas viviendas tras haber visitado a Micaela Espinoza (hija de Juan). La visita tenía como fin acercarle a la joven un poco de dinero para afrontar los gastos diarios dado que ese día habían cobrado. Los hombres se disponían a salir del paraje El Melcho -donde vivía Micaela- para regresar a sus respectivas casas. 

El regreso se vio interrumpido por el accionar de nueve policías y dos civiles, entre los que se encontraba el sub comisario Rubén Montenegro, todo ellos vestidos de civil y sin identificarse como integrantes de la fuerza de seguridad. Fue la misma Micaela la que declaró que tiempo después que se retiraran de su casa su papá y su tío, había salido ella también para ir a su lugar de trabajo en Villa Chicligasta. En el camino vio el operativo y pudo identificar a Juan esposado, golpeado y con la boca sangrando. A Luis no lo volvió a ver desde entonces. 

La madre de Luis Espinoza también declaró en una de las audiencias y contó que pasó por el lugar aunque no pudo llegar hasta donde estaba su hijo. El subcomisario la vio y le dijo que vaya tranquila que pronto lo iba a liberar. “Nunca me imaginé que a Luis ya lo habían muerto y que tenía su cuerpo en el auto”, contó la mujer en la sala de audiencias. Esa noche pudo encontrarse con Juan y empezaron una búsqueda desesperada que llevó casi una decena de días. 

Las denuncias, el corte de rutas, las manifestaciones en la Comisaría de Monteagudo, el apoyo de las organizaciones sociales y los organismos de Derechos Humanos de la provincia hicieron la presión necesaria para que la policía tome cartas en el asunto. De esa manera fue que finalmente las autoridades se sumaron al rastrillaje que ya había empezado la familia. Después de una semana, el cuerpo de Luis apareció envuelto en un plástico, arrojado por un precipicio en territorio catamarqueño. La decisión de deshacerse de ese modo del cuerpo del peón rural habla de una clara maniobra por ocultar el delito, desaparecer el cuerpo y garantizar la impunidad, una práctica que recuerda la década más siniestra de la historia argentina. 

Finalmente el hecho llegó a juicio en octubre del año pasado y después de 10 audiencias en la sala, el 27 de diciembre se realizó una inspección ocular. “No es una reconstrucción, pero ha sido fundamental para ver dónde estuvo el cuerpo de Luis, dónde se han encontrado las vainas (servidas de las armas que se dispararon), la distancia entre el lugar donde lo matan a Luis y el lugar por donde sacan el cuerpo, escondiéndolo en medio del monte para que no lo vean”, dijo al término de esa jornada el abogado querellante Carlos Garmendia. 

El lunes 12 de este mes se realizará la próxima audiencia en la que se espera se tenga mayor claridad respecto a cómo seguirá el proceso y se estime una fecha para inicio de alegatos y posible sentencia. En tanto, la familia de Luis sigue viajando los casi 100 kilómetros que separan Rodeo Grande -el lugar donde viven- y la capital tucumana.