A casi 21 años del inicio de las excavaciones en Pozo de Vargas, el pozo de agua que fue usado como sitio de inhumación clandestina durante la última dictadura cívico militar, se siguen identificando y restituyendo restos. Hace un par de semanas, los integrantes del Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (Camit) anunciaron que, luego de 46 años, los familiares de Rosa Rina Alarcón por fin tuvieron la certeza del destino de la joven. 

Rosa tenía 27 años cuando fue secuestrada. La causa de su desaparición se conoció durante 2013 cuando se realizaba el juicio por la megacausa conocida como Jefatura II Arsenales. En esa oportunidad se supo que Rosa vivía en Los Timbos, Concepción (Departamento Chicligasta). Que era empleada en una óptica. Que el 25 de octubre de 1976 se fue de su trabajo en el auto con su jefe. Que al llegar al puente sobre el río Gastona, dos vehículos interceptaron el automóvil. Que se bajaron dos hombres y se la llevaron. 

También se pudo reconstruir, gracias a los testimonios de sobrevivientes, que estuvo secuestrada en el arsenal Miguel de Azcuénaga. Que allí la obligaban a repartir comida a los detenidos. Desde marzo de 1977 no se supo más de ella. 

Entonces, en 2013, cuando se juzgó a algunos de los responsables de su secuestro, la historia cerraba con “al día de hoy, permanece desaparecida”. Ahora, desde el 6 de marzo de este año, su familia sabe que el cuerpo de Rosa había sido arrojado al pozo de Vargas. Y, 46 años después, sus restos volvieron a Catamarca. 

Ocurre que en Catamarca es donde vive la familia de Rosa Alarcón. Desde allí no dejaron de buscarla. El encuentro con los restos de la joven y el traslado a su provincia natal, ayudará a cerrar una etapa y, quizás, acerque un poco algo que se parezca a la justicia.