“La sentencia por los vuelos de la muerte vino a traer más que justicia ‘formal’ para las familias de las víctimas. Trajo la reparación simbólica de reconocer la modalidad más perversa de desaparición y condenarla”, dice María Coronel, directora del Espacio para la Memoria Escuelita de Famaillá, hija de víctimas del terrorismo de Estado y reconocida militante tucumana por los derechos humanos. 

María se refiere al fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín que condenó a prisión perpetua a cuatro integrantes del Batallón 601 por encontrarlos responsables de perpetrar los “vuelos de la muerte''. Se trata del ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros; al ex comandante del batallón Luis del Valle Arce; su segundo, Delsis Ángel Malacalza, y al ex oficial de operaciones de esa dependencia, Eduardo María Lance.

“A quienes tenemos madres, padres, hijes, asesinades en esos vuelos nos han quitado casi en su totalidad la esperanza de recuperar sus restos”, reflexiona Coronel. Por su parte, el fiscal Marcelo García Berro, en su alegato, destacó que los represores “formaron parte del engranaje represivo que permitió que los hechos criminales sucedieran y dejaran un número altísimo de víctimas del terrorismo de Estado”. En esa misma instancia, y tras dar por probado que el accionar delictivo fue previo, coordinado, organizado y subsumido en el plan sistemático de exterminio, consideró que “resultaba intrascendente que las víctimas estuvieran vivas o muertas cuando fueron arrojadas a las aguas del mar argentino desde los aviones de la muerte”.

En el portal fiscales.gob se señala que de acuerdo a García Berro, los cuatro hechos juzgados tienen en común la sistematicidad en los secuestros, la presencia de las víctimas en el centro clandestino ubicado en el interior de Campo de Mayo, los tormentos sufridos por ellas y el modo en que dispusieron de sus vidas. Todas las víctimas fueron secuestradas en zonas geográficas vinculadas a la represión en jurisdicción de la zona de defensa IV, y todas fueron vistas en el centro clandestino conocido como “El Campito”.

“Condenarlos es rescatar para nosotres y les nuestres el retorno de la memoria de quienes nunca debieron desaparecer. Y, con justicia y verdad,  la memoria colectiva siempre gana futuro”, afirma Coronel, que, como activa militante entiende que la justicia llega con mayor carga en el peso del reconocimiento de una verdad histórica y de la construcción de memoria.