La situación de vulneración de derechos en la que vive la Comunidad Indio Colalao, en su base Riarte Norte, no es novedad. Tampoco resulta novedosa, lamentablemente, la forma de reaccionar del Estado cuando las Comunidades Indígenas se disponen a defender con firmeza lo que les pertenece ancestralmente. En Tucumán, mientras la coherencia del Estado se torna indescifrable, la responsabilidad internacional del país se sigue poniendo en riesgo. El pasado miércoles 4 de Julio, la base Riarte Norte de la Comunidad Indio Colalao fue víctima de una medida de desalojo ejecutada por orden del Juzgado de Instrucción en lo Penal de la III Nominación, a cargo de Francisco Piza. La medida de "restitución provisoria" se llevó a cabo pese a la vigencia de la Ley 26.160, ley nacional de orden público, con plena vigencia en todo el territorio nacional, que prohíbe expresamente cualquier desalojo en territorio indígena.

El derecho a la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas en nuestro país, está garantizado por instrumentos internacionales, con rango constitucional, así como expresamente reconocido en la Constitución Nacional (Art 75 Inc 17) y la Constitución de la Provincia de Tucumán (Art 149).

El nuestro, es además un Estado que se detuvo en el desarrollo de normativa y políticas públicas de justicia y reparación histórica para los Pueblos Originarios; y un Estado que en sus festejos por el aniversario de la independencia "reconoce y reivindica" el rol de nuestros pueblos ancestrales en la gesta independentista. Resulta inadmisible que sea este el mismo Estado que siga promoviendo desalojos con medidas que sistemáticamente "desconocen" legislación nacional e internacional en materia de derecho indígena; siga avalando el recrudecimiento de la criminalización de la lucha indígena, a través de la persecución penal a sus miembros; e incluso pretenda desconocer a las Comunidades Originarias, que legalmente se han constituido según normas y procedimientos que el mismo Estado ha dispuesto.

Garantizar los derechos a la propiedad comunitaria indígena no es una prerrogativa del Estado. En el mes de Octubre, la responsabilidad internacional de Argentina en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, por la que ya se le ha llamado la atención, volverá a ser revisada en su Exámen Periódico Universal en Naciones Unidas.

La situación en Riarte.

La falta de electricidad y acceso al agua corriente son parte de la realidad de esta comunidad hace años. Por otro lado, el cierre de la Escuela Nº 31 (cuya reapertura es reclamada hace años) fuerza a niños y niñas a recorrer más de 14 km para ver "garantizado" su derecho a educación, en la vecina provincia de Salta. Sin embargo ha sido la evidente impunidad con la que avanzan quienes pretenden sus territorios, y la desprotección por parte de un Estado que debe protegerlos, lo que ha determinado a la comunidad a declararse en alerta hace poco menos de un mes.

Los hechos de violencia registrados la semana pasada en el desalojo ejecutado en territorio de la comunidad Indio Colalao (PJ 33/11 Re.Na.Ci) se suman a muchos otros procesos de intimidación y persecución legal que las comunidades indígenas de nuestra provincia vienen sufriendo por parte de terceros con intereses en sus territorios comunitarios y sus recursos naturales.

En este caso las empresas Zanja Honda y AgroAvance, con una "Cesión de crédito hipotecario" como instrumento legal, reclaman la propiedad de más de 19.000 ha. Su avance en el despojo que pretenden llegó a un punto sin retorno para quienes han vivido allí por años, cuando en septiembre de 2010 decidieron clausurar el único camino comunitario de la zona, cercando un perímetro con alrededor de 15 familias viviendo en su interior. A poco de que la comunidad decidiera constituirse en asamblea en su territorio, un "allanamiento" y una causa penal en contra de 10 comuneros avanzan rápidamente, en paralelo con la medida que terminó desencadenando el desalojo la semana pasada.

La conflictividad en torno a territorios comunitarios indígenas está presente a lo largo y a lo ancho del país. Atento a esta realidad el Estado ha desarrollado normativa específica (Ley 26.160) y políticas públicas (Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), cuyo propósito es avanzar en la definición de estas situaciones. Es, sin embargo, el mismo Estado que sigue respondiendo, desde sus instituciones, con medidas que van en abierta contradicción con esa normativa específica, vulnerando los derechos que él mismo ha reconocido -y debe garantizar- a las comunidades ancestrales, y criminalizando la lucha indígena con su mano más represiva, la penal.

Desde andhes repudiamos enérgicamente este proceder del Estado que continúa generando y avalando atropellos contra comunidades indígenas. Al mismo tiempo instamos con urgencia a las autoridades provinciales y nacionales a coordinar medidas consistentes y coherentes con los derechos que le asisten a las comunidades indígenas.

Área de Comunicación

ANDHES Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales