Desde el espacio de articulación de las Mesas “Justicia por Reyes” y “No a la Baja de edad
de Punibilidad” de Tucumán, junto a Familiares de Facundo Ferreira repudiamos la decisión
del juez Víctor Rougés de rechazar los pedidos de detención realizados por la fiscal para
ambos agentes Díaz Cáceres y Gonzales Montes de Oca, autores del fusilamiento de
Facundo de 12 años. El juez Rouges, no siendo juez natural, sin mayores fundamentos y en
un plazo record, no hizo lugar a la solicitud de detención. Esperamos que la fiscal ahora
pida la prisión preventiva para ambos imputados, decisión que recaerá en el juez Maggio.
Consideramos que estaban dadas todas las condiciones procesales para hacer lugar a las
detenciones solicitadas puesto que, desde un primer momento hubo indicios de que
adulteraron pruebas y que utilizaron su investidura para legitimar su accionar asesino.
Agentes de la fuerza amenazaron a la familia, además de las razzias y operativos de
saturación en el barrio, todas maniobras tendientes a intimidar a la familia. La decisión del
Juez, va en línea con la protección política de los agentes y respalda el gatillo fácil a la
medida de la doctrina Chocobar.

No solo el poder judicial es responsable sino también los gobiernos provincial y nacional
quienes defendieron el accionar de los policías y montaron con el aparato mediático, todo
tipo de mentiras sobre Facundo y su familia. Así lo demuestran las declaraciones del
Ministro de Seguridad de la provincia Claudio Maley o de la Ministra de Seguridad Patricia
Bullrich, que quitándole responsabilidad a las fuerzas de seguridad, culpabilizaron a la
familia por el accionar criminal de la policía.

Facu y muchos niños y niñas de los barrios populares son víctimas de la violencia
institucional y del gatillo fácil con el aval y la impunidad de los gobiernos, incluido el poder
judicial. Con la lucha logramos desenmascarar el encubrimiento del asesinato de Facu, la
demonización en torno a él, su familia y el barrio y que los asesinos sean imputados. Aún
así, hoy un juez define que la policía “si asesina: no es delito”.

No quedan dudas que esto es un paso más en el camino represivo y criminalizador hacia
los y las jóvenes y niños de los sectores más pobres de la población. No es sólo un dato
decir que la pobreza alcanza al 48,1% de los niños y niñas en Argentina (UCA). Para el
Estado sobran niños, niñas, jóvenes, sobran trabajadorxs.

Esto nos hace pensar que será cada vez mayor la respuesta represiva de los gobiernos
provinciales como Manzur y del gobierno nacional de Macri, porque será cada vez mayor el
saqueo que están haciendo, sin embargo será también mayor la resistencia y unidad que
ofreceremos como pueblo.

Exigimos Justicia por Facundo

Cárcel ya a Mauro Diaz Cáceres y Nicolas Gonzalez Montes de Oca y sus encubridores.