En Argentina no hay justicia para los pueblos originarios| Liberaron a los asesinos de nuestra autoridad Javier Chocobar
Comunidad indígena Los Chuschagasta perteneciente al Pueblo Nación Diaguita-N° de inscripción en el Re.Na.Ci 03/2002,Personeria Jurídica N° 4811.Relevamiento Jurídico Catastral Ley N° 26.160.Res. INAI N° 450/2014 (mediante el cual se nos reconoce la ocupación actual, tradicional y publica).
Valle de Choromoro, Dpto. de Trancas, actual provincia de Tucumán. 8 de julio de 2020
Con profundo dolor y angustia, lxs Chuschagasta expresamos nuestro enérgico repudio ante la liberación de los asesinos de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar por parte del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán. Una vez más la justicia tucumana actúa en contra de los derechos y de la vida de los Pueblos Originarios. Nueve años tuvimos que esperar para que el Poder Judicial, blanco, occidental y fascista, deje de hacer oídos sordos y escuche nuestro grito de justicia por el asesinato de nuestra autoridad, comunero, padre, tío, hermano, hijo. Luego de un proceso judicial traumático y viciado, y tras un fallo favorable que condenó a los asesinos Darío Amín, Luis Humberto Gomez y Eduardo Valdivieso, creímos que podríamos comenzar a dar un cierre a esta década de miedo y dolor, y seguir adelante reconstruyendo nuestra vida en comunidad, a pesar de que nadie nos va a devolver a Javier. Sin embargo, como de costumbre, el Poder Judicial y las personas que lo integran, una vez más actúan en connivencia para hacer prevalecer el poder de los terratenientes por encima de nuestros derechos humanos y ancestrales como pueblos originarios.
A casi dos años de la sentencia, la Corte Suprema tucumana aún no ha dictado sentencia firme, por lo cual los asesinos fueron liberados y lxs Chuschagasta nos vemos sumidos en un profundo pánico, temor e incertidumbre de vida nuevamente. Los responsables de esta aberración de la justicia tienen nombre y apellido, son las juezas María Fernanda Bahler, Wendy Kassar, el juez Emilio Paéz de la Torre y la fiscal Marta Jerez Rivadeneira.
La justicia racista no hace mas que acentuar las desigualdades y violencia que desde hace más de 500 años venimos sufriendo y resistiendo los pueblos originarios. Nos preguntamos ¿cuándo los pueblos originarios dejaremos de ser ciudadanos de segunda para el Estado y la Justicia en Argentina? Resulta urgente la democratización de la justicia y la aplicación del Derecho Indígena vigente a nivel nacional e internacional y la creación de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena para el resguardo físico, jurídico y territorial de nuestros pueblos.
Para nosotrxs, no existen los Derechos Indígenas ni los Derechos Humanos mientras los asesinos y genocidas de Javier Chocobar estén libres y siga en peligro la vida de nuestra Comunidad. No vamos a renunciar al pedido de Justicia para nuestra Autoridad Tradicional y nuestro Pueblo. Exigimos a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que de una vez por todas deje de dilatar los plazos y haga firme la sentencia condenatoria a los asesinos Dario Amin, Luis Humberto Gomez y Eduardo Valdivieso, de 22, 18 y 10 años de prisión respectivamente, en cárcel común.
Exigimos el resguardo urgente de la vida de toda nuestra Comunidad en su conjunto y hacemos responsables a las juezas María Fernanda Bahler, Wendy Kassar, al juez Emilio Paéz de la Torre y la fiscal Marta Jerez Rivadeneira, a la Corte Suprema de Justicia Tucumana y al Poder Judicial, ante cualquier hecho de violencia que puedan sufrir las y los Chuschagasta.