La Sala III Conclusional será la encargada de juzgar a Mauro Navarro y Gerardo Figueroa, imputados por el homicidio agravado del joven del barrio San Cayetano.

Hace casi cinco años, después de agonizar 24 días, murió Miguel Reyes Pérez, otra víctima más de la violencia policial. En la víspera de navidad de 2016, dos policías de la patrulla urbana que prestaban servicio en la comisaría Cuarta, Mauro Navarro y Gerardo Figueroa, le dispararon en la cabeza y lo remataron de un culatazo.

Finalmente, el 29 de noviembre a las 8.30 horas comenzará el juicio oral y público contra los dos oficiales imputados gracias a las movilizaciones de Ana Reales -madre de Reyes-, de familiares de víctimas del gatillo fácil con el acompañamiento de la Mesa de Justicia por Reyes, y de las presentaciones realizadas por Andhes -querellante en la causa-.

Para la fiscal que investigó la causa, María del Carmen Reuter, está comprobado que Mauro Navarro le efectuó un disparo en la cara a Reyes con la escopeta reglamentaria que llevaba, lo que hizo que el joven cayera al piso. En ese momento, Gerardo Andrés Figueroa aprovechando el estado de indefensión, le pegó con la culata de su escopeta a Pérez, causándole un traumatismo de cráneo y facial, que con posterioridad llevó al fallecimiento del joven el 16 de enero de 2017.

Los policías, en su defensa, dijeron que el joven había robado. Sin embargo, no hay elementos que vinculen a la víctima con el robo. Todo lo contrario: según vecinos, no hubo enfrentamiento ni resistencia por su parte. Solo una persecución por pasillos internos de su barrio, San Cayetano. Reyes era permanentemente hostigado por estos dos policías.

“Hace 5 años que a mi hijo lo mataron. Él tenía problemas de adicción. Él era un chico adicto. Eso lo llevó a tener infinidad de conflictos con la policía y vecinos. Muchos años he golpeado puertas para que me ayuden y nadie del Estado me ayudó”, relató Ana Reales, con la esperanza de que el 30 de noviembre pueda lograr un poco de paz.

Por su parte, Emilio Guagnini, querellante en representación de Andhes, indicó que “esperamos que este juicio sirva para seguir visibilizando una serie de problemas centrales: la ausencia de políticas públicas para abordar el territorio con todas sus complejidades, la violencia policial y la falta de formación de los oficiales para este tipo de situaciones. Por eso, seguimos impulsando una reforma policial con perspectiva de derechos humanos”.

Durante estos años, y para acompañar la lucha de Ana Reales, se conformó la mesa “Justicia por Reyes” con organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Un pilar fundamental para avanzar en el juicio contra los responsables del gatillo fácil. “Vemos con preocupación que en los barrios populares la policía solo sabe ejercer violencia sobre las juventudes, persiguiendo a jóvenes con problemas de consumo y criminalizando la pobreza. Por eso, exigimos justicia por Reyes pero también por todas las víctimas del gatillo fácil”, plantearon.