Desde el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer​ (CLADEM) repudian el abordaje de los medios de comunicación hegmónicos de la provincia de Tucumán ante la violencias sexuales hacia adolescentes denunciadas en el Dispositivo de Cuidado Institucional (DCI) Santa María Goretti. Además apuntan contra la falta de perspectiva del legislador Jose Ricardo Ascarate (UCR) al considerar más grave el uso de implantes subdérmicos (chip) anticonceptivos que los abusos sexuales.

Compartimos el comunicado de CLADEM al respecto:

A la prensa y al legislador Ascárate le escandalizan más los implantes anticonceptivos que las violencias sexuales

Por los medios de comunicación se conoció una denuncia realizada por el legislador Ascárate sobre situaciones de violencia sexual sufridas por adolescentes que se encuentran institucionalizadas en el Dispositivo de Cuidado Institucional (DCI) Santa María Goretti y el título de la nota periodística fue “Denuncian que implantan chips anticonceptivos a preadolescentes en el Goretti”

Desde Cladem miramos con preocupación el abordaje comunicacional y también la denuncia realizada por parte del legislador las cuales ponen el foco en los métodos anticonceptivos (implantes subdérmicos nombrados como “chip”) y no así en los presuntos abusos sexuales sufridos por las adolescentes del Dispositivo de Cuidado Institucional (DCI) Goretti ya sea dentro o fuera de la institución.

Nos parece importante separar ambos aspectos y aclarar: el acceso a métodos anticonceptivos es parte del acceso a los derechos en salud sexual y reproductiva de niñas, niños, adolescentes y de toda la población. La colocación de los implantes forma parte de las políticas públicas de cuidados de la salud sexual, es un servicio público y de acceso gratuito que va acompañado de una consejería donde se brinda toda la información necesaria y de esa forma garantizar una decisión informada, responsable y sobre todo consentida como lo establece la ley de SSPR 25.673

Consideramos que se trata de estrategias comunicacionales y de un sector político que buscan confundir a la sociedad en general y enviar mensajes que demonizan el acceso a la salud sexual y reproductiva en niñas y adolescentes, estrategias clásicas de los sectores conservadores.

Exigimos que las instituciones den respuesta a las denuncias de violencia sexual investigando con debida diligencia y que a su vez se garantice la salud sexual de las adolescentes.