El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) denunció ante la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI) la muerte por asfixia de María José Saravia, Macarena Maylen Salinas, Micaela Mendoza y Yanet Santillán en la brigada de Concepción, Tucumán. Este hecho representa una clara violación a los derechos humanos y de la mujer. La MESECVI fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, en 1994 para establecer en la región mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha para eliminar la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado. Compartimos el comunicado de prensa de CLADEM respecto a la denuncia internacional:

Comunicado de Prensa:

El 5 de octubre de 2021, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), enlace Argentina, denuncio ante el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI), la muerte por asfixia de cuatro mujeres presas, ocurrido el 2 de setiembre de 2021, en la Brigada de la Policía Femenina de la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, República Argentina, a causa de un incendio que se produjo en el lugar de detención.

Se denuncian las condiciones indignas en las que habitaban las cuatro mujeres, quienes se encontraban en esa dependencia policial por falta de cupo en la cárcel de mujeres. En la brigada permanecían hacinadas, sin cocina, sin colchones ignífugos ni medidas de seguridad. Tampoco recibían tratamiento penitenciario ni oportunidades educativas o laborales intramuros, que les permitieran el tránsito en la progresividad de la pena conforme lo indica nuestra Constitucional Nacional (art. 18) y la ley de ejecución penal 24.660.

Haciéndose eco de las denuncias formuladas por familiares de las víctimas, se hizo saber que existen evidencias que dan cuenta que las mujeres no recibieron auxilio oportuno, ni de la policía ni de los bomberos y que las causas del incendio podrían ser distintas a las dadas desde el gobierno tucumano. Asimismo, los familiares denunciaron que las mujeres durante sus encierros, eran sometidas a malos tratos y vejaciones por parte de sus carceleras, lo que deberá ser investigado.

CLADEM denuncio la exclusiva responsabilidad del Estado argentino, en particular de la provincia de Tucumán, ya que las muertes de María José Saravia, Macarena Maylen Salinas, Micaela Mendoza y Yanet Santillán, fueron “muertes en custodia”, estaban bajo el cuidado exclusivo del Estado argentino, y de acuerdo a la normativa nacional e internacional, toda muerte bajo custodia es potencialmente ilícita y permite presuponer la responsabilidad estatal. Por ello, el hecho denunciado implica un claro acto de violencia institucional, atravesado particularmente por el género de sus víctimas, todas ellas mujeres, en marcado en el art. 6.b de la ley Nº 26.485., art. 1 y 2 de la CEDAW, art.1, 2 y 7 de la Convención de Belém do Pará.

CLADEM Argentina considera que las circunstancias que rodearon estas muertes, constituyen un caso de violencia de género, producida por el propio Estado (violencia institucional). Por ello, resulta necesario incorporar a la causa judicial que investiga los hechos, una perspectiva de género, asociando el hecho de muerte, sus causas, con la historia de agresiones por las que atravesaron las mismas antes del incendio en el ámbito del encarcelamiento. Son hechos gravísimos que no pueden quedar impunes, ya que como bien ha señalado el Instituto Interamericano de Derechos Humanos “la impunidad es el contexto propicio que posibilita el crimen. La impunidad crece, se sustenta, se retroalimenta de y en la impunidad”

CLADEM solicito al Comité de Expertas que intervenga, manifestándose en relación con estos hechos y, de ser su competencia, formule recomendaciones al Estado argentino, en particular a la provincia de Tucumán, sobre la investigación de los hechos, la sanción de les responsables, la reparación integral a familiares de las víctimas y la adopción de políticas públicas carcelarias garantizadoras de los derechos humanos fundamentales.