Andrea es una joven de Burruyacu que fue abusada por 3 vecinos en marzo de este año. Uno de los responsables, Benjamín Padilla, es hijo de un ex intendente y legislador, y actual funcionario del gobierno provincial. Valiéndose de este poder intentaron acallarla ofreciéndole dinero y luego con difamaciones. Llegaron al extremo de interponer una falsa denuncia contra la joven por supuestas amenazas a testigos de la causa, familiares de los Padilla. De manera vergonzante la Justicia resolvió una medida de restricción contra ella. Ahora Andrea no puede llevar su hija a la escuela ni a jugar a la plaza porque uno de los supuestos protegidos vive al frente de esta.

Si bien los abusadores se encuentran con prisión preventiva, la que se arrancó con la movilización popular, vienen realizando distintos pedidos para que se les den prisión domiciliaria. Este 29 de setiembre se vence la última prórroga de la preventiva y Andrea debe enfrentar una vez más la posibilidad que la justicia les otorgue este beneficio. Esta medida pondría en riesgo su integridad y seguridad. La acción de intimidación que realizaron para amedrentar a la joven y su familia, el intento de fuga antes de la detención (estaban por salir de la provincia), las continuas difamaciones y hostigamiento sobre Andrea son una clara manifestación de la conducta que tendrán si retornan a sus domicilios.

La causa ya está para elevación a juicio por lo que es responsabilidad de la justicia la debida celeridad para que éste pueda sustanciarse y los abusadores reciban la condena que les corresponde.

Exigimos justicia para Andrea y que sus abusadores continúen detenidos hasta el juicio. Basta de protección a los hijos del poder.