Este miércoles señalizarán el Ingenio La Fronterita como uno de los lugares en los que funcionó un centro clandestino de detención en Tucumán. “La señalización como sitio de memoria del ingenio La Fronterita es un acto de reparación simbólica que apunta a reparar a las víctimas de la causa y concientizar a toda la sociedad sobre lo sucedido en ese espacio. Simboliza el compromiso del Estado en políticas públicas y refleja la lucha de familiares, víctimas y organismos de derechos humanos para decir nunca más”, dice Camila Alonso, coordinadora del área de memoria, verdad y justicia de Andhes (Abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales).

Cabe mencionar que en diciembre de 2021 se elevó a juicio oral la causa en la que se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en las instalaciones de ese ingenio. Se habla de un universo procesal de casi 70 víctimas que en su mayoría eran trabajadores del ingenio, referentes sindicales y residentes de sus colonias. “La causa de Fronterita es la primera causa en Tucumán donde se investiga la participación de actores económicos en delitos de lesa humanidad durante el Terrorismo de Estado”, destaca Fernanda Marchese, codirectora de Andhes.

En la megacausa, que está a la espera de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal fije fecha de inicio, están imputados hasta el momento Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori. En tanto, el apartamiento de Fernando Cornú De Olmos está siendo apelado y se espera que la Cámara de Casación Penal resuelva lo que ocurrirá con su imputación. Los empresarios son señalados como cómplices de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio.

La base militar en el lugar de trabajo

El testimonio de cientos de sobrevivientes señalan que, ya en 1975, previo al golpe de Estado, durante el periodo conocido como Operativo Independencia, se instaló una base militar en el predio que era propiedad de la empresa. Allí funcionó un Centro Clandestino de Detención (CCD) donde eran torturadas personas que habían sido secuestradas por las fuerzas armadas instaladas en la zona.

Sin embargo, la complicidad de la empresa no terminaba en ceder el espacio para que se asentaran los represores: según lo que se desprende de los testimonios y las pruebas recabadas en la investigación de esta causa, la firma también aportaba vehículos e información sobre la actividad sindical de sus empleados.

De acuerdo a los datos que manejan los organismos de derechos humanos de la provincia, del total de víctimas, más de una decena serían casos de desaparición forzada. 44 de esas víctimas eran trabajadores del ingenio y 34 vivían en las colonias que eran parte de la propiedad de La Fronterita. Según la investigación, la empresa cedió al menos una docena camionetas para ser utilizadas en el traslado de los obreros secuestrados. Las víctimas, además, eran referentes sindicales o militantes de base, todos en relación de dependencia en esta fábrica azucarera.

Las demoras y la garantía de la impunidad biológica

“A partir de esta señalización esperemos que se le dé empuje a la causa”, dice Rodrigo Scrocchi, abogado de Andhes, haciendo referencia al tiempo que sigue pasando para el inicio del debate oral y público. Scrocchi sostiene que desde la querella van a seguir insistiendo en la posibilidad de realizar el juicio por esta causa en forma paralela con el de Jefatura de Policía III que se encuentra actualmente en juicio.

Ocurre que, con las demoras propias de la investigación y las maniobras dilatorias que retrasan el inicio de los juicios de lesa humanidad, gana lo que se conoce como “impunidad biológica”. En el caso de la megacausa Fronterita, originalmente había seis personas que iban a sentarse en el banquillo de los imputados. Dos de ellos murieron antes de que la causa se elevara a juicio, por lo que solo Figueroa Minetti, Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Cornú De Olmos fueron procesados. En marzo de 2022 murió impune el cordobés Martínez Minetti, en tanto que Cornú de Olmos fue apartado de la causa, una medida que se encuentra apelada por la fiscalía y está a la espera de resolución de la Cámara de Casación Penal.

La investigación tomó impulso a partir del informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, realizado en 2015 por la Secretaría de Derechos Humanos junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). El expediente estuvo varios años paralizado y en mayo de 2019, el juzgado federal de Tucumán dictó la falta de mérito en favor de los imputados. Esta decisión logró revertirse en 2021.