Entonces Mónica, sentada en un café, pidió una ensalada de frutas y con voz clara dijo: “Es un derecho que saquemos la imposición de la religión católica de las escuelas; hoy les enseñan a los chicos que deben temer a Dios, les enseñan cosas que no tienen base científica”, y así fue como comenzó a organizarse la Comisión por la Educación Laica en Tucumán. Vio Mónica que esto era bueno, pasaron mucho más que siete días desde entonces, pero aún no pudo descansar.  

Mónica Barrera es partera, tozuda militante por el parto humanizado y también una luchadora feminista. Es desde esta perspectiva feminista donde encontró la fuerza para emprender la pelea por sacar la educación religiosa obligatoria de las escuelas públicas tucumanas. “Yo tomé esta iniciativa porque a principio de año, cuando comienzan las clases, la directora, en frente de todos los chicos y de los padres que habíamos ido al acto de iniciación, llama a la señorita de religión y dice ‘vamos a pedirle que nos ponga en presencia de Dios y que él nos acompañe durante todo el periodo lectivo’. Entonces la señorita de religión rezó un padrenuestro y un ave maría en presencia de todos los chicos, incluso aquellos que saben que eso está mal, como mi hija que me miraba con cara de ‘¿qué hago, mamá?’. No queda bien que todos se persignen y ella no”.

Mónica mandó a todos sus hijos a la escuela Mitre. Nunca quiso que les enseñaran religión y la respuesta siempre fue la misma: sacarlos del aula y que deambularan por la escuela durante una hora. Pero con su última hija, de 7 años, la cosa fue diferente. El movimiento feminista la había atravesado. “Ya estaba empoderada y en ese empoderamiento también encontré a otras madres que querían lo mismo. No es casual que todas las amparistas seamos mujeres porque somos las que más nos movemos para estos temas. Podrían haber firmado el amparo padres, pero se dio así. De hecho, de la Comisión por la Educación Laica participan varones”.  

Con ese empoderamiento Mónica buscó una alternativa que no implicara la discriminación de su hija. Presentó la queja, pero ante la repetición de la respuesta (que su hija saliera del aula durante la hora de religión) quiso ir más allá. “Pedí la planificación de la materia para ver los contenidos; no me los quisieron dar, a diferencia de las otras materias donde esos contenidos son públicos. En este caso, al ser una práctica ilegal, los padres no tenemos acceso a la planificación. Entonces pedí hablar con la supervisora de la escuela y me dijo que yo tenía razón pero que no dependía de ella porque esa hora depende de la supervisión de religión y ésta del Arzobispado”. Para que quede claro: a los contenidos de una materia que se dicta en las escuelas públicas de la provincia tiene acceso y potestad de control una institución ajena al Estado. Pero hay que poner esta situación en contexto, y no para mejorar la imagen de la provincia precisamente: Tucumán es la única provincia donde la educación pública tiene contenidos religiosos obligatorios. A la vez, es la única provincia que no adhirió a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y después de 12 años de promulgada la Ley de Educación Sexual Integral a nivel nacional, la legislatura local está analizando su adhesión.

Según explica Mónica los contenidos son desarrollados y aprobados por la jerarquía eclesiástica y no por el Ministerio de Educación de la provincia (aunque este luego rubrique esa aprobación). Los docentes de religión de la provincia se forman en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino -UNSTA- (vinculada a la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino -FASTA-, institución presidida por el sacerdote Aníbal Fosbery, ferviente defensor de los criminales condenados por los delitos de la dictadura) y en el Arzobispado de Tucumán, pero solventados por el Ministerio de Educación de la provincia que, además de pagarles el sueldo, es la institución encargada reconocer el puntaje y convocar a los docentes para ocupar cargos en las escuelas públicas. “Cuando finalmente accedí a la planificación me di con que era más vergonzoso de lo que yo creía. ¡Los contenidos hablan de temerle a Dios!”. Algunos de los puntos del programa rezan: 

Periodo de Diagnóstico:

• El valor del Silencio
• La Semana Santa es el camino cristiano hacia la felicidad 
• La Biblia es semilla que crece en nuestro corazón

Unidad 1: La Creación es la gran obra de Dios

• Dios Padre nos regala las maravillas de la creación
• Somos creados a imagen y semejanza de Dios  

Estos segmentos del programa, además de adoctrinar en una creencia específica y de discriminar a los niños que no profesan esa creencia, expresa una mitología abiertamente contraria a las teorías científicas. Enseñar a los niños que el universo y todo lo que contiene fue creado en 7 días por el dios judeocristiano es antediluviano y arcaico. Además de significar un atropello a la libertad de culto, implica un rechazo al pensamiento científico que es el que deben impartir las escuelas. Y eso sólo para hablar de las cosas que tienen algún tipo de sentido lógico, nada se puede decir de frases como “La Biblia es semilla que crece en nuestro corazón”. Las metáforas, a la clase de literatura, donde pueden ser analizadas y resignificadas por los estudiantes.

Al conocer estos contenidos, Mónica volvió a quejarse ante las autoridades de la escuela, que respondieron con la propuesta de enseñarle contenidos diferenciados a su hija durante esa hora. “Pero qué contenido puede enseñarle ese docente si no sabe otra cosa, además no iban a poner un docente aparte sólo para mi hija. Al final no presenté la nota que me pedían para que no se le enseñara religión sólo a mi hija porque desde la comisión decidimos no avalar la discriminación de nuestros hijos. Si nosotros dejamos que los saquen del aula o que un docente les enseñe contenidos para los que no está preparado estamos avalando la discriminación, por eso vamos directamente a la vía judicial”.

Allí nació la idea de presentar un amparo judicial que exhortara al Estado provincial para dejar de avalar esta intromisión de la Iglesia católica. Mónica buscó apoyo en diferentes partidos políticos y movimientos sociales. Se desilusionó ante el rechazo de algunos, pero lo encontró finalmente en el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y en el abogado Ángel Paliza, quien lleva adelante los trámites judiciales. Luego se sumaron otros partidos y movimientos y se conformó la Comisión por la Educación Laica en Tucumán. Finalmente, el amparo fue presentado en abril de este año y se basa en la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obligó al Estado salteño a abandonar a partir de 2018 la educación religiosa dentro de la jornada escolar en las escuelas públicas. Esta resolución decretó que esta práctica es inconstitucional ya que vulnera el derecho de libertad de culto porque discrimina a los estudiantes que no profesan esas creencias y los obliga a presenciar sus rituales. Desde el inicio del ciclo lectivo 2018 las escuelas públicas salteñas pudieron dictar catequesis fuera del horario escolar y solo para quienes se inscribieran para participar de esas clases. Sin embargo durante la primera mitad del año solo el 8% de la población escolar participó en esta modalidad, demostrando lo innecesario de esta práctica en el ámbito educativo. 

Siguiendo el caso salteño, Mónica analizó esta opción en la que la religión católica sigue estando presente en las escuelas, aunque fuera del horario de clases. Esta propuesta intermedia es rechazada por la Comisión por la educación Laica ya que además militan por la separación de la Iglesia y el Estado. “Creemos que no se deben usar las escuelas para enseñar una religión que es absolutamente nefasta y que tiene muchas malas acciones, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros no planteamos que se enseñe religión después del horario de clases”. Además, durante la última asamblea de la comisión, se decidió solicitar que se quiten los altares y las imágenes religiosas que abundan en las escuelas de la provincia. 

Sucede que para la Comisión esto va más allá de la cuestión educativa. La injerencia de la cúpula eclesiástica en la vida de la población argentina es abrumadora y se tornó muy evidente durante el debate por el aborto legal que discute hoy el Senado de la Nación. La Iglesia católica hoy es un actor protagónico de la discusión y sus representantes amenazan con excomulgar a los diputados y senadores que hayan votado a favor e incluso al Presidente Macri si es que este promulga la ley en caso de ser aprobada el próximo 8 de agosto. La doble vara es clara, excomunión automática para quienes contradigan el pensamiento de la Iglesia, pero tolerancia absoluta para los curas abusadores de menores como Julio César Grassi que, condenado en todas las instancias judiciales y cumpliendo prisión efectiva, aún goza de su condición de sacerdote. 

Estos sectores durante años fueron el principal escollo para la implementación de la educación sexual que hoy pretenden utilizar como excusa para impedir la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, aunque en realidad ésta solo sea la posición pública mayoritaria del espacio ya que puertas adentro siguen difundiendo materiales para adolescentes en los que se difunden falacias acerca de los métodos anticonceptivos violando la Ley de Educación Sexual Integral de 2006. Y es ahí donde encuadran las recientes declaraciones del doctor Abel Albino acerca de la completa inutilidad de los preservativos ya que éstos “no protegen de nada”. 

El rechazo de la Iglesia a la sexualidad libre es la ideología que está detrás de la constante negativa a la ampliación de los derechos civiles. La oposición a la ley de divorcio vincular, a la ley de educación sexual integral, a la ley de matrimonio igualitario y a la ley de interrupción voluntaria del embarazo son la punta del iceberg de una ideología reaccionaria y conservadora carente de cualquier tipo de sensibilidad social y empatía, lo que hace necesario que el Estado deje de prestar atención al lobby antiderecho que se establece cada vez que la sociedad argentina se plantea un avance. 

Es por esto que la Comisión por la Educación Laica participa de la Campaña Nacional por un Estado Laico y está organizando una apostasía colectiva para quienes quieran renunciar a la Iglesia católica en Tucumán. “El tema está en que la Iglesia recibe fondos públicos en relación con la cantidad de bautizados. En los censos a vos no te preguntan si profesas una religión sino si estás bautizado, y el número de practicantes es mucho menor. Así como nadie te pregunta si querés ser bautizado es interesante que los ciudadanos nos replanteemos si queremos que se destinen fondos públicos en nuestro nombre a esta institución. La apostasía colectiva se llevará a cabo el próximo viernes 3 de agosto a las 10 en la sede del Arzobispado (Sarmiento 895) en donde se recibirán los papeles (solicitud de apostasía -se puede descargar en www.apostasía.com.ar-  y fotocopia de DNI) y se presentarán ante las autoridades eclesiásticas”. Este trámite implica la eliminación de los archivos que la Iglesia guarda en relación al individuo que apostata.

Para Mónica y los miembros de la Comisión es tiempo de decir basta de presiones, basta de amenazas, basta de escuchar a una institución que está sobrevalorada en su capacidad de acción frente a las decisiones del Estado. “No estamos en contra de la religión católica, creemos que cada uno puede creer en lo que desee. Estamos en contra de la injerencia de esas creencias en la vida de los que no las profesamos o que creemos en otras cosas”. La Iglesia puede decirles a sus fieles en qué creer y cómo deben llevar sus vidas, pero no debería poder incidir en las políticas que atraviesan la vida de las personas que tienen otras creencias y valores. No puede obligar a las instituciones públicas a difundir ideas anticientíficas o que afectan la salud de los jóvenes. Respetar la diversidad implica permitir el desarrollo de las creencias colectivas e individuales, y esto es algo que la Iglesia católica no permite en la actualidad.