Pasó una semana desde que Luján Nieva, una niña de 11 años, desapareció en la localidad de Río Seco. A los pocos días, durante los allanamientos realizados en la casa de Walter Mateo Córdoba, se encontraron restos humanos calcinados. El hombre, que además es tío político de Luján, quedó detenido y el fiscal solicitó prisión preventiva por cuatro meses.

A raíz de las primeras decisiones tomadas por la Justicia, desde Ni Una Menos - Tucumán (NUM) se emitió un comunicado en repudio a la carátula inicial. “Manifestamos nuestra preocupación y repudiamos el intento de caratular el brutal femicido de Luján como un homicidio simple”, publicó en sus redes sociales el NUM, que sostiene que el crimen perpetrado contra la niña, debería investigarse con perspectiva de género y, no debería reducirse a homicidio simple. “Llama la atención que desde la fiscalía y el juez actuante desconozcan el contexto en el que se produjo el femicidio de Lujan e ignoren los tratados internacionales y la jurisprudencia para el tratamiento de casos de violencia de género, en particular contra niñas”, expresaron.

El avance en las investigaciones del caso tuvieron como principal vocero al jefe de Policía de la provincia, Joaquín Girvau. El funcionario aprovechó la oportunidad para hacer declaraciones sin ningún correlato con los hechos que estaba informando, por lo que, desde el movimiento feminista, se señaló que la única finalidad es la de atacar a los organismos y organizaciones que luchan por los derechos humanos. “Voy a ir a Río Seco para esperar a estos organismos y que ellos contengan con sus equipos interdisciplinarios, así como lo llevan a cada uno de sus arrestos a que asesoren delincuentes, porque a estos asesoran ellos”, había dicho el funcionario.

Ante el evidente desconocimiento por parte del Jefe de Policía de las funciones de los Organismos de Derechos Humanos, la respuesta llegó a través de un comunicado en el que se expresa: “Los organismos de derechos humanos no surgieron para ofrecer ‘contención a la familia’ de las víctimas de delitos. Esa labor corresponde a los organismos del Estado destinados a tal fin”. El documento está firmado por la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, la agrupación HIJOS Tucumán, la Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán, la Comisión por los Derechos Humanos de Tafí Viejo, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Derechos Humanos del Sur de Tucumán, entre otros.

Compromisos asumidos, ¿compromisos olvidados?

En diciembre del año pasado, Mario Racedo, Secretario de Justicia y Derechos Humanos, decía: “Argentina ha dado al mundo un ejemplo acabado de cómo la sociedad democrática debe responder a los crímenes del terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura”. Lo decía en un acto en homenaje por el Día Internacional de los Derechos Humanos en el marco del día de la restauración de la democracia. Y allí, frente a referentes de los organismos de Derechos Humanos, militantes, sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, destacó el fundamental aporte de la lucha incansable que estos llevaron adelante. Valoró y agradeció a quienes sostuvieron, por más de 40 años, el reclamo de memoria, verdad y justicia. También remarcó que la cantidad de condenas judiciales a los genocidas se hizo posible gracias a que el Estado supo recoger la prédica de los valores universales de estos derechos.

Pero Mario Racedo no fue el único de la nueva gestión del Gobierno provincial en comprometerse con la defensa de los Derechos Humanos. Lo acompañaba el vicegobernador de la provincia, Miguel Acevedo. Conmovido por ser el primer vicegobernador que visitaba el pozo de Vargas, usado como fosa de inhumación clandestina durante la última dictadura militar, aseguró: “No importa, el compromiso es de hoy para adelante, para que podamos defender la democracia porque se vienen momentos difíciles, pero nunca nos han tocado fáciles”.

“Tenemos que hacer acciones concretas para que esto, realmente, sea nunca más”, dijo Acevedo tras la promesa de un Estado provincial presente en sostener y defender las políticas de Derechos Humanos. La pregunta es ¿dónde queda ese compromiso mientras el Gobierno hace silencio ante las declaraciones del jefe de Policía Joaquín Girveau?

La semana pasada, el funcionario se refirió al trabajo que realizan los organismos de Derechos Humanos y dio muestras claras de un total desconocimiento al respecto. No solo cuestionó sus funciones, sino que también brindó información falsa al hablar de un equipo interdisciplinario que asesora ‘delincuentes’. Pero esta semana, Girveau decidió subir la apuesta y, en lo que puede leerse hasta como una amenaza directa, sostuvo que quien ataque a la policía debe terminar muerto. ¿Sabrá el jefe de Policía qué dice la Constitución Nacional? ¿Conocerá las bases del sistema de Justicia? ¿No deberían ser esos los conocimientos básicos requeridos para que una persona ocupe el cargo que Girveau ocupa?

Cuando aun las palabras de Girvau no habían escalado tanto, los organismos y la organización feminista habían puesto el foco en las intenciones de este de avanzar en posturas punitivistas y justificar acciones inconstitucionales. “Las torturas y precarias condiciones de detención en las comisarias y cárceles son parte de la política criminal de la propia policía y del poder político”, expresaron desde Ni Una Menos. “Queremos señalar que la visión prejuiciosa expresada por el señor Girvau refleja un desconocimiento de lo que se comenta en las calles de Tucumán sobre los abusos en las comisarías de la provincia. Consideramos que sus declaraciones buscan justificar estas prácticas”, rematan desde los organismos.

“Recordamos al señor Jefe de Policía, el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, que establece: ‘Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa’, habían señalado los organismos de Derechos Humanos.