Noventa y dos días pasaron desde que el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, impartiera a la Gendarmería Nacional la orden de desalojar la ruta 40 cortada momentáneamente por manifestantes de la comunidad mapuche Pu Lof Cushamen en reclamo por el reconocimiento de sus derechos como comunidad originaria. Noventa y dos días desde que un comando de más de 150 gendarmes, después de desalojar al pequeñísimo grupo desarmado que ocupaba la ruta 40, decidió emprender una cacería ilegal (la orden judicial no incluía la captura de ningún individuo ni el desalojo de la comunidad) dentro del territorio que los miembros de la Pu Lof ocupan dentro de la finca Benetton, territorio reclamado por la comunidad. Noventa y dos días desde que Santiago Maldonado fue visto por última vez con vida.

Es que lo que pasó con Santiago Maldonado fue más allá –mucho más allá– de las circunstancias específicas de su desaparición y muerte. Ante la denuncia de un posible accionar ilegal por parte de las fuerzas de seguridad –suponiendo que los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, como Nocetti, no participaron de las decisiones que tomó Gendarmería–, el Gobierno Nacional optó por poner a cubierto a la institución, sin dejar lugar a que actuara la Justicia, en una primera instancia (en manos del juez Otranto) parcializada a favor de quienes eran los principales sospechosos. Pero no sólo eso, además generaron un andamiaje de justificaciones que buscaron criminalizar a la comunidad mapuche y al propio desaparecido y diseminaron versiones falsas que fueron reproducidas por el aparato mediático de periodistas militantes que hoy acompaña al gobierno nacional.

Así Santiago pasó de no haber participado en el corte de la ruta 40, a ser trasladado por un camionero misionero y a ser visto comprando en un quiosco de Corrientes. Días después, ante los diputados de la Nación –no en una rueda de prensa, no en una rueda de amistades que disfrutan de alguna bebida, sino ante los representantes de la ciudadanía–, la ministra Bullrich sembró la hipótesis, sin esperar peritajes que la confirmaran, de que Maldonado habría sido herido (y tal vez asesinado) en un enfrentamiento con un sereno de la finca Benetton días antes de que se produjera la represión de Gendarmería, una hipótesis que fue refutada días después con el simple expediente de realizarle una prueba de ADN al cuchillo del sereno. Más tarde apareció una pareja de tiernos ancianos que declararon haber trasladado a Santiago hacia Tierra del Fuego. La ridiculez del discurso mediático encubridor alcanzó su cenit con la historia de un pueblo donde había muchos jóvenes que se parecían a Santiago Maldonado por lo tanto podría estar camuflado ahí. Se habló de la RAM (Resistencia Armada Mapuche), de mapuches secesionistas financiados por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ISIS, de posibles anexamientos del territorio mapuche al territorio chileno. Se recordó el origen territorial del pueblo mapuche del lado chileno de la cordillera de los Andes, se recordó el enfrentamiento de este pueblo con otros pueblos que ocupaban la Patagonia hace más de 200 años. Pero al gobierno, ungido de autocrítica, se le ocurrió preguntarle a la población que pensaba. “¿Usted cree que el caso Maldonado podría influir en su voto?”, preguntaban encuestas telefónicas. Para encuestadoras hubo, para llamar a la familia Maldonado no. Pero el gobierno, que hacía sus propias investigaciones, sabía que había un 20% de probabilidades de que Santiago estuviera en Chile con el RIN (El RAM para todos menos para Carrió). De todo esto se habló. Hasta que apareció un cuerpo.

Trescientos metros río arriba del lugar de la represión de gendarmería y 72 días después apareció un cuerpo. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, se apostó frente al cuerpo durante las 8 horas que tardó el nuevo juez de la causa, el doctor Lleral, en llegar al lugar donde éste se encontraba. Sucede que después de casi tres meses de incertidumbres, de ataques institucionales y mediáticos a la familia Maldonado, Sergio ya no confía en nadie. Sergio, que durante este tiempo fue cauto pero firme, que respondió las extravagancias mediáticas y los ataques con mesura, se puso al frente de la familia y del reclamo y miró durante 8 horas un cadáver en el río, para que nadie lo tocara hasta que llegara el juez. Dos días después se encargó de comunicarle al país que ese cuerpo era el de Santiago. Un cuerpo que no estaba en Misiones, ni en Corrientes, ni en Tierra del Fuego, ni enterrado por los mapuches. El 100% de ese cuerpo había estado en la zona durante 72 días, quizás bajo el agua helada (“como Walt Disney”, dijo Carrió) o en otro lugar. Los peritajes lo dirán en pocos días.

Noventa y dos días después de que el juez Otranto impartiera la orden de desalojar la ruta 40 todavía nos preguntamos: ¿Qué pasó con Santiago?

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El caso Maldonado fue seguido por una gran parte de los argentinos. La población tucumana no se mantuvo al margen ni en las discusiones que poblaron las redes sociales ni en la presencia física cada vez que se convocó a una movilización. Por eso alrededor de 5000 tucumanos, como otros cientos de miles en todo el país, marcharon este miércoles para exigir el esclarecimiento de un caso que dividió a la opinión pública argentina.