Por Luana Martinez

La salud mental es un tema que nos concierne a todos como sociedad, sin embargo en Argentina es un asunto que se suele pasar por alto. A partir de la asunción del nuevo gobierno, se han implementado múltiples ajustes y medidas como recortes del 38% de jubilaciones y pensiones, un 27% de salarios públicos, un 64% los subsidios económicos y un 87% en obras públicas, entre otras. Estos ajustes, que generan preocupación a la mayoría de la población, se suman a las dificultades que acongojan a la sociedad en su vida diaria, e impactan negativamente sobre la  estabilidad psicológica de las personas. Según informó la página oficial de la Nación, entre los trastornos más comunes se encuentran la ansiedad, la depresión y el consumo problemático de sustancias. A pesar de ello, pareciera ser que el estado no tiene planes inmediatos para abordar la situación.

Desde principios de año, la oficialización de los aranceles finales en terapias psicológicas con un aumento del 100% ha dificultado el acceso a la atención de salud mental. Para abril 2024, el costo de la sesión de psicoterapia será de $10,000, $25,200 por evaluación psicológica, y alrededor de $8,700 por sesión a domicilio, según publicó el Colegio de Psicólogos de Tucumán. Si consideramos además el aumento del 200% en los precios de transporte, asistir a las citas tendría un gasto adicional mensual de $5,600 si se concurre una vez por semana. El gasto total por mes asciende a $45,600, sin tener en cuenta los expendios extras en farmacias para complementar las terapias de quienes los necesiten.

Este gasto ‘extra’ en salud mental, que pocas veces es tenido en cuenta, representa alrededor de un 15% del salario mínimo, vital y móvil que el Gobierno Nacional estableció para marzo de este año ($202,800), un número muy bajo en relación con el costo de la canasta básica tipo 2 ($596,823) según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, la accesibilidad a los servicios privados de salud mental aparece como un desafío importante en muchos sectores de la comunidad. Si se tiene en cuenta que el porcentaje de pobreza en el país se incrementó por arriba del 50% en enero, la población debería elegir entre cubrir sus necesidades básicas o poder acceder a la salud mental.

A pesar de la existencia de opciones gratuitas proporcionadas por el estado, como Hospitales Generales, CAPS, y Centros Integradores Comunales, la posibilidad de llegar a ellos no son equitativas para todos. Los procesos lentos y con retrasos y los privilegios que dividen a la sociedad son barreras significativas que impiden que muchas personas reciban la atención que necesitan; con turnos escasos, horarios reducidos, largos tiempos de espera y falta de profesionales en esta área se agrava la situación, sobre todo en zonas rurales y del interior de las provincias donde mayormente suele ocurrir este desequilibrio.

Otros tipos de espacios que recomienda la página oficial de la nación son entre otras, Escuelas, Iglesias, y Clubes Barriales, aunque es importante reconocer que estos no reemplazan la eficacia y el profesionalismo de las sesiones de psicoterapia. Así, las demandas de bienestar psicológico permanecen insatisfechas provocando consecuencias negativas para la sociedad en conjunto. 

La salud mental en Argentina es un tema urgente y primordial que requiere atención inmediata, como lo consta el Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027, cuyo objetivo es ser herramienta fundamental para organizar el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, y de los derechos en este ámbito. Es crucial que estas leyes no queden archivadas y se tomen medidas concretas, ya que el no accionar del gobierno desprotege la integridad psicológica de todas las personas y vulnera los derechos de aquellas con padecimientos mentales.