En la COP 26, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, los lideres mundiales se reúnen para actualizar sus compromisos en materia de acción climática.

Es imprescindible remarcar que entre todos los países tenemos responsabilidades comunes pero diferenciadas ya que los contextos son diferentes, donde quienes tienen menores emisiones históricas son los que terminan sufriendo el peor rostro del colapso climático. Hablamos de América Latina y todos los pueblos del Sur Global, ya que los modelos de desarrollo industrial del Norte son los que más contribuyeron al escenario actual.

Para poder atenuar las consecuencias del cambio climático se necesitan medidas de adaptación y mitigación: en Tucumán, en Argentina y en todo el mundo. Son los gobiernos quienes tienen que construir estructuralmente políticas con estas perspectivas a corto, mediano y largo plazo.

La mitigación es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), e incluye la mejora de los sumideros para incrementar la capacidad de absorción de dichos gases(conservación de humedales y bosques, reciclado, entre otras).

También se necesita adaptación: Tomar iniciativas y medidas que reduzcan la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos frente al cambio climático; es clave tener en cuenta 3 factores: Riesgo, Exposición y Vulnerabilidad (estrategias de detección de incendios, de atenuación de inundaciones, entre otras).

El futuro de la humanidad recae en los hombros de nuestros representantes en la COP y es su responsabilidad aplicar políticas públicas ambiciosas que estén a la altura del contexto, como la transición energética a fuentes renovables no contaminantes.

Aprovechando la instancia de que una Joven Tucumana, Nina Sosnitsky de Jóvenes por el Clima, hará presencia en dicho evento como parte de la juventud socio ambientalista de la provincia y del país, exigimos que las agendas públicas sean cada vez más verdes, con perspectiva social e integral, y queremos enfatizar que no podemos hablar de justicia ambiental sin justicia social, procurando proteger los derechos de los más vulnerados.

Siendo Tucuman la provincia con la tasa de pobreza más alta del NOA, con un 46,2% (“Incidencia de la Pobreza y la Indigencia en 31 Aglomerados Urbanos” INDEC - Primer Semestre de 2021), y parte de las regiones que más se verá afectada por las consecuencias del cambio climático según el último informe del IPCC (Panel Intergubernamental por el Cambio Climático), nos parece crucial que la población asimile que la crisis climática es un asunto de derechos humanos.

En nuestra provincia tenemos muchas problemáticas que necesitan de políticas urgentes de contención para hacerles frente. Algunas de estas son:

• los basurales a cielo abierto,que son sitios donde se dispone de residuos sólidos indiscriminadamente, sin control de operación y con escasas medidas de protección ambiental, además de ser nocivo para nuestra salud; , se detectó 480 basurales clandestinos distribuidos en municipios y en comunas que conforman el Gran San Miguel de Tucumán.

• el acceso al agua y el saneamiento, es un derecho humano universal que debe ser garantizado y planificado por el estado.En nuestra provincia existen 186 asentamientos en los que habitan más de 30.000 familias, de las cuales el 95,07% no tiene acceso a redes de agua potable y un 100% no tiene garantizado el acceso a cloacas(datos de una relevamiento realizado por la ONG TECHO);

• la quema del bagazo húmedo como combustible, causa del hollín y las cenizas, y la insostenible acumulación de vinaza derivado del bioetanol, efectos de la industria azucarera, requieren medidas judiciales rigurosas ya que genera grandes daños en la salud.

En el plano local y nacional, acompañamos a las organizaciones y cooperativas que le ponen el cuerpo (Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores Excluidos, Union de las y los Trabajadores de la Tierra, entre otras), y elevamos nuestro reclamo al Estado argentino por una Ley de Humedales que protejan nuestros sumideros de carbono, una Ley de Envases con inclusión social para una adecuada administración de los residuos, una Ley de Acceso a la Tierra para la soberanía alimentaria, y la Tipificación de Delitos Ambientales para regular el avasallamiento de megaproyectos sobre comunidades y sobre los ecosistemas.

Estamos transcurriendo la crisis climática, donde este año en particular nos evidenció las graves consecuencias que acarrea la misma, sumado a que la evidencia científica expone que dichos efectos se verán agravados si no tomamos las decisiones pertinentes.

Por último, definitivamente la salida es entre todes. Solo la organización colectiva y la movilización popular puede edificar una respuesta política frente al escenario que nos encontramos. Ante crisis sin precedentes, necesitamos soluciones sin precedentes.

El cambio climático es un futuro inevitable, algunos de los efectos ya se viven en el presente y otros se verán agravados si no se toman las decisiones pertinentes. Esta crisis requiere de una salida colectiva, en la cual cada país efectivice las diferentes medidas de mitigación y adaptación que la ciencia otorga.