Una universidad cómplice del ecogenocidio
/Fotografía cortesía de Santiago Rojas Paz
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) es una institución cuestionada en materia de medio ambiente desde hace años. El extenso territorio en San Javier que posee a su cargo, la explotación incontrolada del suelo del Río Muerto y las relaciones económicas que mantiene con Yacimiento Minero de Agua de Dionisio (YMAD) son pruebas fehacientes del desinterés de las autoridades por promover la protección ambiental.
Desmonte: Responsabilidades compartidas
El área protegida de la UNT, conocida como Parque Sierra de San Javier, se extiende en unas 14.190 hectáreas. A la altura del Río Muerto, en Yerba Buena, nacen muchos arroyos que se ubican dentro de la propiedad universitaria. Durante bastante tiempo se extrajo áridos de varios de los arroyos que derivan en este río. Dichas extracciones se realizaron bajo la autorización de la Dirección de Minería de Provincia de Tucumán, siendo el área protegida un distrito federal, mientras que la autorización fue plasmada por una autoridad provincial. Esto, desde el inicio, resulta conflictivo.
Esta explotación del suelo llevó a que en los últimos meses la ciudad de Yerba Buena sea devastada por las lluvias. Los principales afectados fueron las familias cuyas viviendas se encuentran en los perímetros del Río Muerto, según comprobaron los ecologistas del grupo Pro-Eco. Por su parte, el jefe municipal de Yerba Buena, Daniel Toledo, señaló a la Universidad Nacional de Tucumán y a la autoridad de aplicación como las responsables de la extracción de áridos que desequilibran el ecosistema. Ante esto, el Intendente de Yerba Buena manifiestó, al mejor estilo de Poncio Pilatos, que nada puede hacer ante la autorización del Ministerio de Desarrollo Productivo y de la Dirección Provincial del Agua. El fundamento de Toledo se basa en el hecho que esos dos organismos son los que entregan las primeras autorizaciones: la de no inundabilidad y la de impacto ambiental.
Sin embargo, es la Municipalidad de Yerba Buena la que autoriza el desmonte. “El río Muerto no es solo esa parte de donde se extrae el árido, es todo el arroyo. No se ve la cuenca en sí. Cada intervención que se le haga a la cuenca va a repercutir en todo su amplio territorio, que pasa por mesetas donde se construyen casas. La cuenca en sí es todo el territorio”, explica Freddy Carbonel, integrante del grupo ecologista Pro-Eco, dejando en claro las responsabilidades compartidas entre el municipio, la universidad y las autoridades gubernamentales. “Hay responsabilidades compartidas porque el municipio autorizó hacer countries, por ejemplo”, agrega Freddy. A estos se suma, por ejemplo, la falta de árboles en las zonas más altas de la cuenca que lleva a que el agua se infiltre, haciendo que la acumulación de áridos sea cada vez mayor.
El área protegida de la Universidad de Nacional de Tucumán nace en 1973, y hoy en día está a cargo de la Secretaría de Bienestar Universitario. Diferentes profesionales hicieron usufructo del área para sus estudios y actualmente no existe un plan de gestión o manejo que determine cómo se gestiona dicho territorio. “Ellos no hacen educación ambiental hacia afuera. Muchos guardaparques o deportistas ven el área protegida como si fuera un parquecito cerrado con un alambre, como una isla fuera de sí. En el peor de los casos se da autorización a competencias deportistas para atravesar el área”, manifiesta el ecologista. Al no existir un plan de manejo, corredores, profesionales y aficionados a la naturaleza desconocen el grado de incidencia de su actividad sobre el suelo. “Existen territorios intangibles y zonas endémicas que no se deben tocar, a menos que sean fines científicos”, aclara Freddy.
YMAD y la UNT, una relación porcentual
La ley 14.771 de formación del Yacimiento Minero Agua de Dionisio manifiesta que las utilidades de lo que se extraiga corresponden en un 60% para la provincia de Catamarca y el 40% para la Universidad Nacional de Tucumán hasta que finalice el proyecto de la Ciudad Universitaria. Una vez finalizadas las obras en San Javier, la UNT debe pasar a percibir el 50% de lo que recibía. El resto del presupuesto se repartiría entre las demás universidades. En el momento en que iniciaron las obras fueron expropiadas 17 mil hectáreas, donde solo recibieron dinero los terratenientes. “Nina Velarde, vecina del cerro, no recibió ni un peso, por ejemplo. Además fue espantoso el movimiento del suelo que hicieron en la naturaleza, plantando incluso especies exóticas”, cuenta Freddy Cabonel.
Si bien la explotación a Minera la Alumbrera surgió en el año 1997, la UNT empezó a recibir utilidades de dicha actividad recién en el año 2006. “No es casual que esto haya ido así, porque en el año 2005 empezaron a aparecer las asambleas socioambientales que criticaron la cuestión del saqueo y la contaminación”, comenta el miembro de Pro-eco. En ese entonces el rectorado estaba a cargo de Mario Marigliano, pero es su hijo, un arquitecto que trabajaba en el área de planeamiento de la universidad, el que justifica a través de un escrito que la utilidades sean repartidas en todas las dependencias de la universidad, en representación de la ciudad universitaria.
Esto fue así hasta enero de 2008, cuando el último rector, Juan Alberto Cerisola, firmó una resolución que daba por terminada la construcción de la Ciudad Universitaria. El rector afirmó que la obra se daba por concluida, manifestando que se repensó dicha ciudad universitaria, atento a que a lo largo de 50 años los escenarios habían cambiado. Esto se conoció a partir del informe de fin de gestión del ex representante de la UNT, Florencio Aceñolaza, ante el directorio de YMAD. “Aceñolaza fue Secretario de Cerisola. Desde el 2010 hasta hace poco fue director del YMAD, o sea nuestro representante de la universidad en el YMAD. Y nunca dijo nada”, dice Carbonel.
Ante este recorte del 50% de lo percibido por la universidad ante la actividad minera, el Consejo Superior Universitario realizó un pedido para que la UNT recurra a la Justicia y reclame la nulidad de la resolución firmada por Cerisola. Esto no solo significa seguir manteniendo vínculos fuertes con una empresa denunciada por contaminar y dañar la vida de varias familias, sino también que el interés económico de varios consejeros por sobre la responsabilidad social y la protección ambiental. “Nos tenemos que sacar esa mochila, porque estamos ligados como universidad a una empresa ecogenocida”, expresa Freddy Carbonel y agrega que “tienen que investigar cómo se utilizaron esas utilidades y si las mismas son ‘útiles' realmente. Que se dediquen a ser querellantes en las causas contra la contaminación. Que se dediquen a dar un informe a la comunidad académica del proyecto de explotación de Bajo el Durazno. ¿Qué está haciendo la universidad en materia socioambiental?”. Funciones de una universidad que sigue defendiendo a corporaciones que comenten delitos, mientras busca un porcentaje para 'conseguir' utilidades que terminan con la caída de un anfiteatro.