Justicia ambiental para el Bicentenario
/Fotografía cortesía del grupo pro eco
El 2016 es un año de fechas y homenajes. Un año donde todo parece enmarcado en la celebración del Bicentenario de la Independencia Argentina. Hasta lo imposible podría hacerse realidad en el 2016 porque el país está de fiesta. Festeja los 200 años de una libertad que nunca parece ser completa.
Si de recordar fechas se trata, hay una que nadie tuvo presente. Justamente, hace unos días se consiguió algo que parecía irrealizable. Después de 17 años, en una causa penal contra la Minera Alumbrera YMAD-UTE se obtuvo el pedido de indagatoria para los gerentes corporativos de la empresa, Julian Rooney, Raul Pedro Mentz y Michael Harvy Lou Holmes. El juez federal Poviña de Tucumán los citó ante la Justicia para el 14, 15 y 16 de marzo por la contaminación de la Cuenca Salí Dulce.
La causa federal ya es vieja. En el año 1999, se denunció a la minera por volcar efluentes con minerales pesados en el canal de desagüe pluvial DP2. La Alumbrera trasporta desde Catamarca el barro mineral hasta la planta de secado que está emplazada en Ranchillos. Allí recibe tratamiento y el líquido es arrojado al canal que desemboca en la cuenca del río Salí, cerca del Embalse de Río Hondo. “Ya está comprobado que la Alumbrera está tirando metales pesados a ese cauce. Nosotros como grupo ecologista entramos como querellantes a la causa. Podemos acceder al expediente y presentar nuevas pruebas. Hay una denegación de la Justicia, teniendo en cuenta que esto data del año 99. Este es un delito continuado, porque la minera sigue arrojando metales pesados”, explicó Freddy Carbonel, miembro de Pro Eco. La contaminación fue comprobada varias veces por peritos del juzgado federal, especialistas y expertos de las universidades nacionales de Tucumán y Buenos Aires.
En el 2016 Minera Alumbrera YMAD-UTE terminará la explotación del territorio catamarqueño, lo que implica que podría dejar el país. Pero ¿quién se hace cargo con las consecuencias? ¿El pueblo catamarqueño? ¿Los tucumanos? Todo un país deberá pagar la irresponsabilidad de un Gobierno ausente. Las probabilidades de que la empresa se vaya del país son altas aunque se evalúa la explotación de la mina Agua Rica, para la cual se utilizaría toda la infraestructura de La Alumbrera, contó Freddy. “Agua Rica está a 30 kilómetros de la minera y tiene prefactibilidad para mandar el material a través de cintas. Imaginate, recorrerá 30 kilómetros y continuará en funcionamiento el mineroducto que recorre casi todo Tucumán hasta Ranchillos”. El mineroducto es el tubo que transporta el barro mineral y traspasa varios ríos de la provincia, entre ellos el Gastona. El problema se incrementa cuando el caño se rompe y contamina el cauce de otros arroyos.
La amenaza inmaterial
Ranchillos es una localidad del este de Tucumán. Un lugar conocido por sus grandes carnavales de enero. Lo nadie sabe es que en el arroyo donde los vecinos se bañan existe una amenaza que hoy no se ve, pero los especialistas aseguran se materializará en los próximos años. Así lo explicó Freddy Carbonel, basándose en los estudios que realizó sobre el agua la Universidad Nacional de Buenos Aires. “Dijeron que la empresa es negligente y los metales pesados que encontraron son acumulativos. Esto quiere decir que las consecuencias se ven a largo plazo. No es que tomas un vaso de agua y parás la pata. Quizás todo se verá, por ejemplo, en los niños que desde pequeños están en contacto con la contaminación”, sostuvo.
Desde los años 60 en la entrada de Ranchillos se puede ver el canal de drenaje pluvial. Este fue creado para aunar el agua de los campos y evitar su salinización. Tiempo después el espacio empezó a ser usado por la industria tucumana para volcar sus efluentes, dado que el Gobierno de Tucumán lo permitió. “Se permite el volcado de los efluentes basado en la Resolución N° 030, que la maneja la Secretaria de Estado de Medio Ambiente. Esto viola, sin dudas, la ley nacional de Residuos Peligrosos N°24.051. Siguiendo la pirámide jurídica esta resolución es anticonstitucional”, contó Carbonel. La medida nació en el año 1997 en el gobierno de Bussi. Luego pasó a llamarse Resolución N° 1265 y, finalmente, en el 2009 pasó a denominarse Resolución N° 030 de la Secretaria de Medio Ambiente.
Para muchos de los tucumanos la problemática puede resultar insignificante, pero para la Agrupación Ecologista Pro Eco no lo es. “Vamos a seguir buscando justicia ambiental, de la cual no está exenta la sociedad”, explicó Carbonel. El compromiso de todos será fundamental para que la Justicia llegue y las consecuencias no solo la paguen los terceros.