120 mil cartas de libertad

Belén llegó al Hospital Avellaneda de Tucumán con dolores abdominales y, según su historia clínica, sufrió un aborto espontáneo. El hallazgo de un feto en el baño se relacionó con el aborto de Belén. La denuncia del personal médico terminó con la detención de la joven en el hospital. La Justicia determinó, luego del juicio oral, que se trató de un homicidio. Sin embargo, la defensa oficial de Belén asegura que nunca se realizó el estudio de ADN para comprobar que el cuerpo hallado era el hijo de Belén, al mismo tiempo que denuncia contradicciones e inconsistencias en las pruebas entre las semanas de gestación del feto encontrado en el baño y las semanas de embarazo de Belén que constan en su historia clínica. La abogada Soledad Deza, defensora de Belén, también denuncia la violación del secreto profesional por parte de los médicos del Hospital Avellaneda. Actualmente el expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que debe expedirse a favor o en contra del fallo. Por ello, la causa está en casación. “La Corte tiene noventa días hábiles para fallar. Esperamos que tenga en cuenta los dichos del ministro fiscal, que considera nula la causa. También esperamos que tenga en cuenta que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la semana pasada, ha pedido su inmediata liberación. Hay una urgencia ante una joven que está privada ilegítimamente de su libertad”, expresó Deza.

La organización Amnistía Internacional presentó un petitorio con 120 mil cartas, de diversas partes del mundo, que exigen la libertad de Belén ante la Secretaría de Gobierno y Justicia de Tucumán y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Además, organizaciones de derechos humanos y de género acompañaron la presentación con la adhesión al petitorio y con una concentración frente a Casa de Gobierno. Los representantes de la filial argentina de Amnistía Internacional fueron recibidos por la ministra de Salud de la provincia, doctora Rossana Chahla. “El rol que juzgaron los médicos y el servicio de salud en este caso fue fundamental para el final que tuvo. Desde el ministerio y las secretarías se comprometieron a trabajar en políticas vinculadas con salud y los derechos humanos, lo cual valoramos positivamente. Sabemos que no es un contexto fácil el de la provincia de Tucumán, que es una sociedad conservadora en algunos puntos. Pero no por eso se tiene que resignar los derechos humanos, que son la piedra angular de nuestra democracia”, comentó Paola García Rey, directora de promoción y protección de derechos humanos de la filial argentina de Amnistía Internacional.

Fotografías de Javier Sadir