El movimiento de mujeres ha tomado un gran protagonismo en la vida cotidiana de los argentinos. Desde el #NiUnaMenos que cobró masividad luego del femicidio de Chiara Páez, de 14 años, en junio de 2015, se han logrado imponer algunos parámetros en los medios de comunicación y en las instituciones del Estado en lo que se refiere a las relaciones entre varones y mujeres.

Frases, costumbres, bromas y opiniones empiezan a desaparecer desde que algunas ideas tradicionales fueron puestas en cuestión y combatidas como parte ineludible de la violencia machista. Estas ideas que antes recorrían impunes los medios masivos hoy son cuestionadas y ya no pasan desapercibidas. Ya no da lo mismo lo que se diga o cómo se trate a las mujeres en un programa de TV o de radio, en las instituciones públicas o en la calle. Costumbres muy arraigadas como el piropo o los concursos de belleza se ven impugnadas como parte de una cultura que desde las sombras servía de afluente para sostener la dominación masculina que como último elemento de violencia produce el femicidio.

A pesar de la creciente masividad de las convocatorias y de un real despertar de la conciencia de los argentinos respecto a este tema, la violencia hacia las mujeres no da marcha atrás. El promedio de mujeres asesinadas en estas condiciones aumentó drásticamente. En los últimos años una mujer moría cada 30 horas en argentina. Durante lo que va de 2017 una mujer ha sido asesinada por su condición de mujer cada 18 horas. Las políticas públicas que deberían combatir esto están en franca retirada. El gobierno nacional quitó 64 millones de pesos al magro presupuesto destinado a proteger a las mujeres de la violencia machista. Tras el escándalo que generó esta decisión tuvieron que restituirlos. Sin embargo, no hay señales de combatir la cultura machista desde sus raíces. En Tucumán la masividad de la convocatoria de este 8 de marzo choca contra la decisión del gobierno provincial de mantenerse al margen de las legislaciones más básicas sobre el tema. La falta de adhesión a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (Tucumán es la única provincia no adherida) se complementa con casos emblemáticos de persecución a mujeres que buscan decidir sobre su cuerpo.

El caso Belén puso a la provincia en los ojos de los organismos internacionales. La judicialización un caso médico sobre una paciente de escasos recursos y con pocas posibilidades de defenderse pone a la Justicia tucumana en la mira de las organizaciones de mujeres de todo el mundo. Este caso, como el de cientos de mujeres que sufren cotidianamente el acoso del conjunto social, desde la desigualdad salarial, pasando por la desvalorización de sus capacidades hasta la violencia más brutal que termina en femicidio, empieza a ser discutido como patrón de conducta. Pero solo es un comienzo. Sin políticas de Estado y sin educación no sexista en niños y niñas, la cultura que es la base de la violencia machista va a seguir reproduciéndose.