Parece cuestión de tragedia. El mismo día que en la mayoría de las grandes ciudades del país cientos de miles de mujeres se preparaban para marchar para conmemorar el día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, se conoció la resolución del caso de Lucía Pérez. En octubre de 2016 la joven que tenía 16 años fue llevada muerta y con signos graves de abuso sexual a un hospital de Mar del Plata por Matías Farías, de 23 años, y Juan Pablo Offidani, de 41 años. Ayer ambos fueron absueltos por el femicidio y las vejaciones, pero condenados por tenencia y venta de estupefacientes con el agravante de proveer droga a una menor. Una de las justificaciones que encontró el tribunal fue que la menor (bajo los efectos de las drogas) habría consentido el acto sexual (con dos mayores de edad). Lo que está entre paréntesis no lo quiso ver el tribunal marplatense o no les pareció de importancia.

El de Lucía fue uno de los 290 femicidios que se cometieron en Argentina en 2016 pero no fue sólo uno más. La brutalidad de su muerte conmocionó al país. Sin embargo, dos años después, aunque se haya reducido circunstancialmente la cantidad de femicidios, poco parece haber cambiado. Un mes antes de que finalice este 2018 ya se cuentan 216 femicidios. Aun así, el presupuesto nacional para 2019 supone una reducción de un 18% en los fondos que el Estado nacional asigna al Instituto Nacional de las Mujeres, que es el encargado de aplicar la ley de protección integral a las mujeres.

Tucumán no se destaca por sus políticas contra la violencia de género, o en realidad sí. Se destaca por evitar la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (única provincia que no está adherida a esta ley), por intentar entorpecer el acceso a las interrupciones legales de embarazos previstos en el código penal, por la violencia obstétrica en la maternidad pública hacia las mujeres que el personal sospecha llegan con un aborto intencional, por haber encarcelado durante tres años a una joven que sufrió un aborto espontáneo vulnerando sus derechos más básicos, la presencia policíaca dentro de las instituciones estatales de las iglesias católicas y evangélicas como garantes de una moralidad retrógrada e hipócrita. Se destaca, entonces, por sostener la institucionalidad esas violaciones a los derechos de las mujeres. Así es que, a contramano de la mayoría de las provincias, en Tucumán ya se cuentan más femicidios durante 2018 (11 hasta la primera mitad del año) que los que se produjeron en 2017 (7 femicidios).

Es por eso que el movimiento de mujeres se convocó nuevamente para exigir la aplicación de políticas para reducir los distintos tipos de violencia que sufren a diario, desde las menos visibles y cotidianas hasta las que terminan con sus vidas. Así, unas dos mil mujeres marcharon este lunes detrás de la bandera de Ni Una Menos Tucumán levantando sus consignas y demostrando que están organizadas y dispuestas a arrancarle al Estado provincial los derechos que les corresponden.