Consejos para el Concejo
/El órgano legislativo municipal se miró al espejo, se puso gomina, un par de cachetazos y “para adelante campeón”. En una desopilante muestra de cocoritismo institucional, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán pretendió enviarle un mensaje a la cámara baja del Congreso de la Nación con dos ordenanzas que intentan sentar posición a favor de la persecución de las cerca de 500.000 mujeres que deciden interrumpir un embarazo cada año en Argentina. Mientras los representantes legislativos de toda la Nación escuchan los argumentos a favor y en contra de la despenalización o legalización del aborto de parte de más de 700 activistas y personalidades en un mecanismo de debate que pocas veces se ve en la estructura institucional, los ediles de la capital tucumana dieron por zanjada la discusión y declararon a San Miguel de Tucumán como “Ciudad defensora y promotora de la vida, desde la concepción humana en el vientre materno hasta su muerte natural (y no, por ejemplo, hasta que un policía con sustancias ilegales en su cuerpo decida terminar la vida de un menor de 11 años de un balazo en la nuca)”.
La idea surgió del reconocido defensor de la vida humana (en tiempos democráticos y no, por ejemplo, cuando un grupo de militares en abierta rebelión contra la constitución nacional toman el poder por asalto y secuestran, torturan, violan y masacran a opositores al régimen), Ricardo Bussi, y fue acompañada por los representantes del radicalismo, el peronismo (en todas sus vertientes), la Coalición Cívica y el Pro y promovida desde las sombras por la Iglesia católica tucumana. La respuesta llegó con un pañuelazo frente a la sede del poder legislativo capitalino. Allí, unas 200 mujeres se concentraron este martes para expresar el total repudio a las acciones del Concejo Deliberante que, según expresaron en diversos discursos, violan la Constitución Provincial al tomarse atribuciones que no le corresponden.
En lugar de aprobar declaraciones inviables y anticonstitucionales, las activistas propusieron que la institución instase a la legislatura provincial a adherir a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, ya que Tucumán es la única provincia que no lo hizo, o que —siguiendo la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— alentase al municipio a eliminar de las currículas de sus escuelas públicas asignaturas que adoctrinan a menores en las creencias de la religión católica, ya que vulneran derechos relacionados a la elección del credo y generan situaciones de discriminación.
