Se desarrolló la audiencia de alegatos en el juicio por Facundo Ferreira en el cual se imputan a dos policías tucumanos, Mauro Díaz Cáceres y Nicolás González Montes de Oca. El debate que parecía avanzar a paso lento logró organizar los testimonios y acelerar el proceso. Durante cinco horas de audiencia el tribunal integrado por Wendy Adela Kassar, María Fernanda Bahler y Emilio Páez de la Torre escuchó las palabras de los abogados querellantes, defensores y fiscalía.

La Fiscal Marta Jerez de Rivadeneira responsabilizó a la institución policial alegando que “los chicos estaban escapando. Solo bastaba con hacer un buen circuito policial para alcanzarlos en dos cuadras. Tenían todos los medios para evitar lo que pasó". Además, Jerez de Rivadeneira agregó: "La policía tenía la obligación de detener la picada para evitar conflictos. Lejos de ello, terminaron matando al niño. Ambos deben ser condenados como autores voluntarios y responsables". Desde la fiscalía se solicitó la pena de prisión perpetua y la cautelar de prisión preventiva inmediata a la sentencia.

El abogado querellante, Carlos Garmendia, inició sus alegatos manifestando su repudio a la institución policial ante sus esfuerzos para hacer creer en los medios de comunicación que Facundo era un delincuente. Además afirmó que hubo complicidad de la policía para alterar la investigación e implantar elementos. Así desestimó las pruebas en contra de Juan Almendrado, amigo de Facundo y conductor de la moto en la que viajaba la víctima. "Nosotros desde la querella sostenemos que la pistola con la que dicen que (Juan) Almendrado realizó disparos fue plantada por oficial Diego Darío Lezcano. Quien se sentó aquí descaradamente como testigo", alegó Garmendia y explicó que el arma que Almendrado habría utilizado se trata de una pistola belga antigua que requiere de un movimiento especial para disparar, “no hay manera que Juan pueda disparar esa pistola sin caerse de la moto”. El abogado detalló su fundamentos remitiéndose a las pruebas del juicio: "En uno de los audios se escucha un raspado. Y en el minuto 1:46 se ve a Díaz Cáceres marcando un numero por teléfono. Era un llamado a Lezcano para que borre las pruebas del delito. Lezcano mintió y fue al lugar en otro vehículo. Él no quiere que nosotros sepamos cómo llegó al lugar ni con quién". Así, la querella solicitó la prisión perpetua para ambos y que se inicie una investigación a Diego Darío Lezcano por el delito de encubrimiento.

Por su parte, la abogada que alegó por la parte civil de la familia Ferreira, Stella Maris Chaves responsabilizó al Estado “por poner a dos policías drogados en la calle con armas". Cabe recordar que las pericias demostraron que Díaz Cáceres había consumido cocaína. "Facundo era un niño inofensivo, vivir en un barrio vulnerable fue su condena de muerte. Si el Estado hubiese estado presente esto no sucedía. El Estado estuve presente de la peor manera", alegó Chaves y solicitó que los imputados paguen el monto de indemnización y medidas de reparación.

La defensa técnica de Montes de Oca pidió su absolución manifestando que “era imposible saber que eran niños, en medio de una persecución a esa velocidad. El mismo personal de salud lo derivó al Hospital Padilla porque pensaron que eran mayores de edad". Además el codefendor de Díaz Cáceres alegó que Facundo y Juan “iban en una moto de dudosa procedencia, con gorra y con capucha en un horario inadecuado". Habló de "la peligrosidad de los sujetos" y agregó: "no romanticemos la delincuencia".

Ni una bala más, ni un facu menos

En las puertas de los Tribunales Penales, la familia de Facundo Ferreira concentró acompañada de los Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de Tucumán y organismos de Derechos Humanos. “Este juicio no fue público porque a la familia de Facundo solo le dieron cinco lugares adentro y no pudimos acompañar en la sala. Desde que empezó este juicio fuimos estigmatizados”, dice Isabel De la Cruz, integrante de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil.