“Allanaron mi domicilio, se llevaron mis herramientas de trabajo y las de mi marido y no me dejaron ni un papel de comprobante de lo que se llevaron”, tuiteó la periodista riojana Manuela Calvo este domingo pasadas las 14 horas. La denuncia en la red social va acompañada de videos del operativo en el domicilio de la mujer que sigue de cerca uno de los casos más emblemáticos de abuso sexual en las infancias.

La orden, que lleva la firma de la jueza María Eugenia Torres, indica que se le debía secuestrar “todo dispositivo electrónico (celulares, tablet, computadora, notebook) y/o todos otros aparatos tecnológicos similares destinados a comunicación de grabación de voz o video, como todo documento que se encuentre relacionado o mencione a la niña ‘Arcoiris’”. Según la jueza, Calvo cometió el delito de desobediencia a la autoridad.

Desde la Red de Comunicadoras de la Rioja emitieron un comunicado en el que se denuncia el accionar de la Justicia y señalan que se trata de un caso de censura previa y un claro mensaje de disciplinamiento a quienes denuncian y visibilizan casos de abusos y violencias. “Cabe recordar que la comunicadora Manuela Calvo ya había sido intimada hace 2 meses por la Justicia riojana para que no se pronuncie sobre el caso Arcoíris, y en un claro hecho de censura previa prohibió el estreno de un corto ficcional que hablaba, en general, de casos de abuso sexual infantil y las revinculaciones forzosas con los denunciados”.

El caso Arcoiris se trata de una niña víctima de abuso sexual por parte del abuelo paterno en el que los jueces desestimaron la palabra de la niña y su madre y la ordenan la revinculación. El argumento que utilizan los magistrados para tal medida se basa en el Síndrome de Alienación Parental, una premisa descartada científicamente por especialistas de la salud y la justicia.

“Nuevamente y acudiendo a un extremo recurso judicial como el allanamiento y secuestro de los materiales de trabajo, la justicia riojana intenta prohibir la difusión de información y acallar todo lo referido un caso emblemático en nuestra provincia que, desde hace tres años los movimientos, organizaciones y medios feministas vienen denunciando por vulnerar el derecho de las infancias”, expresa el comunicado difundido por la Red de Periodistas Riojanas y señalan que, bajo la supuesta “desobediencia a la autoridad” no puede vulnerarse un derecho supremo como es la libertad de expresión o libertad de prensa.

Comunicado de la Red de Comunicadoras de La Rioja:

Desde la Red de Comunicadoras de La Rioja repudiamos y alertamos sobre el grave accionar de la Justicia riojana en contra de la libertad de expresión y de prensa, quien este domingo con una orden de allanamiento al domicilio de la periodista Manuela Calvo secuestró todos sus elementos de trabajo para impedir que se refiera al caso Arcoíris, donde se denuncia el abuso sexual a una menor de 4 años por parte de su abuelo paterno.

Cabe recordar que la comunicadora Manuela Calvo ya había sido intimada hace 2 meses por la Justicia riojana para que no se pronuncie sobre el caso Arcoíris, y en un claro hecho de censura previa prohibió el estreno de un corto ficcional que hablaba, en general, de casos de abuso sexual infantil y las revinculaciones forzosas con los denunciados.

Nuevamente y acudiendo a un extremo recurso judicial como el allanamiento y secuestro de los materiales de trabajo, la justicia riojana intenta prohibir la difusión de información y acallar todo lo referido un caso emblemático en nuestra provincia que, desde hace tres años los movimientos, organizaciones y medios feministas vienen denunciando por vulnerar el derecho de las infancias.

Consideramos que, bajo la supuesta “desobediencia a la autoridad”, que alega la jueza María Eugenia Torres del juzgado de Violencia de Género N° 1 de La Rioja, no puede vulnerarse un derecho supremo como es la libertad de expresión o libertad de prensa. Mucho menos considerando que el interés superior de la niña no es lo que se dirime en la causa que cita la jueza en su orden de allanamiento al domicilio particular de la comunicadora.

El artículo 43 de la Constitución Nacional expresa claramente que "no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística", lo cual se está violando peligrosamente con el secuestro de las computadoras, teléfono, notebook y discos de la periodista que contenían información sobre el caso.

También advertimos la llamativa, y muy poco común, premura de la justicia de La Rioja para actuar y ordenar un allanamiento (un domingo por la mañana) en la casa de una comunicadora que viene reflejando el caso al igual que muchas otras en la provincia. Y es mucho más llamativa cuando no tuvo la misma celeridad en este y tantos casos que se denunciaron la violación a los derechos de las infancias.

Consideramos un antecedente gravísimo que en menos de tres meses la Justicia Riojana a través de distintos jueces/juezas, fiscales y otros operadores de justicia, haya naturalizado el uso de recursos judiciales para atentar contra los derechos de libertad de expresión o de prensa, reconocidos y protegidos en nuestro país a través de tratados internacionales.

Exigimos:

-La urgente intervención de autoridades y organismos provinciales, nacionales e internacionales de Derechos Humanos para proteger el derecho a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión periodística en todas sus formas.

-El cese de la persecución judicial riojana a comunicadoras feministas que vienen reflejando en sus agendas y en los medios la vulneración a las infancias.

-El cese de las violencias que vienen sufriendo por este caso la madre de la menor, las abogadas, las comunicadoras y todas las personas que se pronuncian sobre el tema.

Finalmente advertimos que este recurso judicial en contra de una comunicadora afecta a todas las personas que ejercemos el periodismo con perspectiva de género y derechos, y se convierte en un grave riesgo para el ejercicio de la profesión en nuestra provincia.