Ayer, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar, ambos organismos claves de la economía popular. La excusa, disfrazada de argumentos, no solo refirió al ahorro que implicaría esta medida (9 millones de pesos, dijo Adorni), sino que, tildó la institución de “agencia de empleos públicos”.

“Para que tomen dimensión de la fiesta que había en este Instituto había cientos de delegaciones, dos sedes, 104 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos”, sostuvo el vocero. “Todos los argumentos que utilizó el vocero son mentiras”, dice Marcelo Ruesta, trabajador del INAFCI, en declaraciones al Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco). Desmintiendo cada una de las aseveraciones de Adorni, Ruesta explica que el trabajo que realizan los empleados “se puede acreditar las tareas que hacemos, lo que estamos ejecutando es información pública”.

Respecto a la cantidad de vehículos con los que el Instituto cuenta, el también delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) explica que el trabajo que se realiza se desarrolla en territorios rurales. “Lo venimos desarrollando con nuestros vehículos particulares porque no contamos con movilidad, la mayoría de las camionetas que menciona (el vocero) están rotas o están en desuso y de hecho ni siquiera tenemos para el combustible. Nosotros aportamos nuestro vehículo y el combustible para llegar al territorio”, señala Ruesta.

La medida anunciada por el vocero presidencial implica, por lo menos, 900 despidos y desamparar a quienes trabajan en la agricultura familiar, que son quienes producen más del 60 por ciento de los alimentos que se consumen en la Argentina. El organismo fue creado para intervenir en el diseño e implementación de políticas que fomenten el desarrollo económico de diversos sectores agroproductivos vinculados a la agricultura familiar,

“No nos sorprende que un gobierno como este quiera cerrar la única política que atiende en los sectores de la agricultura familiar porque es un sector que molesta”, advierte el trabajador y explica que, el trabajo que realizan consiste en acompañar a las comunidades para que desarrollen su producción para tener una mejor calidad de vida en los lugares donde están viviendo.

“Lo que queda es que estas familias tengan que buscar una alternativa de ingreso buscando laburo en las grandes ciudades y desarraigándose de sus territorios y generando condiciones de vida paupérrima en los cinturones de las grandes ciudades”. En definitiva, de acuerdo a lo que explica Ruesta, la medida del Gobierno Nacional apunta, claramente, a generar más pobreza.