La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, perteneciente al Ministerio de Capital Humano, no efectuó el pago correspondiente al mes de enero de 2024 en el Programa Nacional de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE). La demora de la asignación económica afecta a tres mil adolescentes y jóvenes que han sufrido vulneraciones graves en sus hogares de origen y pasaron gran parte de su infancia bajo protección del Estado.

El PAE es una política pública destinada a adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales de entre 13 y 21 años de edad (y hasta 25 años, si estudian o se capacitan). La misma, establecida en el año 2017 por la Ley Nacional 27.364, fue concebida con la participación de los propios chicos, chicas y de organizaciones especialistas en la temática.

El propósito de este programa es garantizar la plena inclusión social y desarrollo personal de estos jóvenes mediante un acompañamiento económico, personal e individualizado.

La falta de pago ha generado un impacto significativo en el desarrollo de los proyectos de autonomía y sus beneficiarios se enfrentan a la imposibilidad de cubrir gastos básicos como el alquiler de vivienda, la continuidad de sus estudios e incluso la alimentación.

Ante esta situación, la Defensora Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha presentado un pedido de informes, respaldado por más de 100 jóvenes en representación del conjunto de titulares del PAE, instando a las autoridades competentes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a tomar medidas inmediatas para resolver esta problemática.

Desde la asociación civil DONCEL, se sumaron al mismo pedido de informes y a través de un comunicado explicaron que esta situación expone a los y las jóvenes nuevamente a la revictimización y los somete a repetir situaciones como las que originaron la separación de su medio familiar. También dijeron que “los chicos y chicas más vulnerables de la Argentina, -y sobre todo aquellos sobre los que el estado tiene una responsabilidad ineludible porque han sufrido la vulneración permanente de su derecho a vivir en familia- no pueden quedar en el medio de demoras en designación de firmas o mecanismos de revisión internos”.

Asimismo, hacen un llamado a las autoridades provinciales, municipales y locales de infancia y juventud, así como a referentes de la sociedad civil y organismos de defensa de derechos de la infancia, para que se sumen a este reclamo y se comprometan a garantizar los derechos de esta población históricamente invisibilizada y vulnerada.

En un contexto inflacionario, la demora en el pago de esta asignación económica no solo representa un incumplimiento legal, sino también una grave afectación a la calidad de vida y el bienestar de estos jóvenes, quienes no pueden esperar más por una solución a esta problemática.