La semana arrancó con el anuncio de un paro de docentes universitarios y la concentración en defensa de la ciencia argentina. Además, en el país resonó la represión a la comunidad originaria de Santa Rosa, Jujuy, y la “pérdida” de cuatro billones de pesos. El terremoto en Colombia captó el ámbito internacional, mientras que en Tucumán las garras del poder policial están más afiladas que nunca. Este es el resumen de noticias para no pasar de largo.

Terremoto en Colombia

Un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter sacudió el centro y oeste de Colombia, dejando un saldo de al menos 273 personas fallecidas, cientos de heridos y grandes daños materiales. El epicentro del movimiento sísmico provocó el derrumbe de numerosos inmuebles y desprendimientos de tierra en rutas estratégicas que dificultaron el acceso de los equipos de socorro a las áreas rurales y urbanas más castigadas por el sismo.

Transcurridas las primeras 72 horas tras el sismo más fuerte del siglo XXI en Colombia, los organismos de rescate y protección civil intensifican a contrarreloj las tareas de remoción de escombros en búsqueda de sobrevivientes. Mientras las autoridades colombianas despliegan la asistencia humanitaria de emergencia, la comunidad científica e instituciones como el Servicio Geológico Colombiano explicaron la impredecibilidad de estos eventos telúricos. Afirmaron que no existe evidencia científica que relacione al cambio climático o las condiciones atmosféricas con la ocurrencia de actividad sísmica.

Represión en Humahuaca

La comunidad indígena de Santa Rosa, ubicada en la localidad de Humahuaca, enfrentó este lunes 10 un violento operativo de desalojo ordenado por el juez en lo Civil y Comercial Juan Pablo Calderón. El procedimiento desplegó a efectivos de la policía provincial, bomberos y personal municipal, lo que desencadenó desencadenando episodios de represión, uso desmedido de la fuerza, detenciones y estrictos controles de circulación interna, en los que se llegó a exigir DNI a los propios comuneros dentro de su territorio ancestral.

En el territorio comunitario habitan 120 familias. El conflicto territorial tiene su origen en una falla administrativa por la aprobación del plano N° 0809 por parte de la Dirección de Inmuebles de Jujuy, tramitado por Nélida Melitona Zerpa Ciares de Chauqui –quien también pertenece a la comunidad– junto a su nieto, Mauricio Ciares Chauqui. Los sectores delimitados invaden los límites históricos de la comunidad. A pesar de que la propia Dirección de Catastro reconoció la existencia de errores en la delimitación, la medición jamás fue anulada en los registros oficiales. Además, desde la comunidad denunciaron que el plano fue validado omitiendo de forma ilegal el derecho a la consulta previa, libre e informada garantizado por la Constitución Nacional y convenios internacionales.

Diversas comunidades originarias de la Quebrada de Humahuaca se movilizaron hasta el lugar para acompañar la resistencia, mientras la defensa legal de las familias afectadas se presentó como "tercero afectado" para frenar la ejecución judicial. Organizaciones de derechos humanos e instituciones territoriales realizaron un llamado urgente a nivel nacional para visibilizar el caso, exigir la protección de niños y adultos mayores, y poner fin a la criminalización de las luchas por la tierra en la provincia.

La batalla es contra la educación y la ciencia

Comunidades académicas, docentes y científicas de todo el país llevaron adelante una jornada de protesta nacional que combinó paros de actividades en las universidades y la movilización de los científicos bajo la consigna "Ponete la camiseta". La medida contó con un alto nivel de acatamiento en las distintas casas de altos estudios nacionales y centros de investigación del CONICET, en reclamo urgente por una recomposición salarial para el personal docente y no docente, así como por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario tras meses de incumplimiento presupuestario por parte del Ejecutivo Nacional.

El reclamo expone la situación del sistema científico y universitario, golpeado por la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y el congelamiento de partidas para gastos de funcionamiento y becas de investigación. Durante las manifestaciones, representantes sindicales y referentes del sector científico recalcaron que recortar el presupuesto en ciencia y tecnología compromete directamente la soberanía nacional. Además de frenar el desarrollo de proyectos estratégicos en salud, industria y ambiente, acelera la fuga de cerebros de profesionales formados en instituciones públicas.

Frente a las medidas de fuerza y los anuncios de nuevos paros convocados por los gremios de la federación universitaria, la Secretaría de Educación citó a los representantes del sector a una reunión paritaria para el mes de septiembre. Sin embargo, las organizaciones gremiales y los colectivos científicos advirtieron que mantendrán el plan de lucha hasta obtener respuestas concretas a la pérdida salarial y garantizar la sustentabilidad presupuestaria de las universidades nacionales de todo el país.

¿Se perdieron 4 billones de pesos?

“No creo que hayan desaparecido. Puede ser que no las haya traído acá. Estoy seguro de que si buscamos bien, en algún lado están", sostuvo el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. La falta de explicaciones claras por parte del Ministerio de Economía y del Banco Central sobre el destino de unos 4 billones de pesos pertenecientes a los depósitos del Tesoro Nacional sacudió el mercado financiero. Las dudas de analistas y operadores sobre los saldos en las cuentas oficiales generaron incertidumbre en los mercados.

Las consultas sin respuesta alimentaron las versiones sobre discrepancias contables y reclamos opositores sobre el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura y mantenimiento de rutas. La incertidumbre apareció cuando la Secretaría de Finanzas captó $12,21 billones en efectivo el pasado 29 de julio, logrando un rollover del 144,5% frente a vencimientos por $8 billones. Sin embargo, el diferencial positivo de $3,8 billones nunca apareció registrado en la autoridad monetaria.

Días después, por la creciente presión, Bausili intentó llevar tranquilidad afirmando que la liquidez se encontraba resguardada dentro del sistema financiero y que no existían faltantes de divisas ni de moneda local. Sin embargo, analistas económicos calificaron el episodio como una maniobra no convencional de liquidez para sostener la meta de emisión cero y absorber pesos del mercado, lo que expuso las fisuras de la estrategia de comunicación técnica del equipo económico.

La Policía de Tucumán avala la ilegalidad de los operativos

“De ninguna manera se los va a apartar del cargo”, el jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, ratificó en sus cargos a los cuatro efectivos imputados por la detención e incomunicación de una niña de 12 años durante un operativo en el barrio Juan XXIII. El hecho ocurrió el 22 de febrero, cuando la menor transmitía en vivo por TikTok un desalojo. Según la causa judicial, los agentes Ernesto Flores, Ricardo Gómez, Marcia Acevedo y Beatriz Sequeira la abordaron, le quitaron el teléfono, la esposaron por la espalda, la trasladaron en un patrullero y la mantuvieron demorada durante seis horas. Mientras, la Fiscalía investiga además si existió un posible abuso sexual durante la custodia, denunciado por la madre de la víctima.

Lejos de disponer medidas preventivas o apartamientos, Girvau confirmó públicamente que la cúpula policial pondrá abogados para defender al personal involucrado. En declaraciones a la prensa, la máxima autoridad policial desestimó la gravedad del accionar y rechazó pasar a disponibilidad a los agentes argumentando que solo lo hará si existe una condena firme. Además, relativizó las denuncias de la familia manifestando que "todo el mundo puede decir lo que quiera" y que la fuerza “tiene la obligación de defender a su personal que va a situaciones de riesgo".