El juicio por administración fraudulenta contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos comenzó el pasado lunes 27 de mayo, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF). El mismo tiene como imputados a Juan Alberto Cerisola, exrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Olga Graciela Cudmani, exdirectora general de Construcciones Universitarias, Osvaldo Venturino, exdirector de Inversiones y Contrataciones, y Luis Fernando Sacca, ex subsecretario administrativo.

Durante el debate se intentará dilucidar qué sucedió con los U$S 85 millones puestos a disposición de la UNT por el convenio con la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), durante los años 2006 y 2009.

La primera audiencia comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. “Los hechos se dieron en el contexto de un sistema paralelo ilegal. Esto lo que hizo fue poner esa cuantiosa cantidad de fondos públicos en otro sistema oscuro, poco transparente, falta de control y discrecionalidad”, sostuvo el fiscal Pablo Camuña. Según la ley 14.771 de formación de la YMAD, el 40% de las regalías de la empresa estaban destinadas a la finalización de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier. Sin embargo, estos fueron utilizados para la refacción y construcción de 13 obras públicas, donde se detectaron irregularidades como el pago de sobreprecios, el incumplimiento del procedimiento de la ley 14.771, entre otros.

Asimismo, según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los fondos recibidos por la empresa YMAD fueron depositados en plazos fijos, sin el aval de la Tesorería General de la Nación, en diversas entidades bancarias. Estas operaciones eran autorizadas mediante simples notas, denominadas "notas de disposición de fondos".

Por último, se hizo referencia a la resolución firmada por Cerisola y la YMAD en 2008. La misma establecía la disminución del porcentaje de las regalías de la minera pasando de un 40% a un 20%, dando por concluida la Ciudad Universitaria. Esto se hizo "de manera arbitraria sin un examen fundado de especialistas en la materia, es decir, no existe ningún antecedente o informe técnico que avale tal decisión", afirma el requerimiento.

En la segunda audiencia, el pasado martes, tanto las defensas como el Ministerio Público Fiscal continuaron planteando cuestiones preliminares. En la próxima jornada de debate, el 18 de junio, se dará lugar a las declaraciones de los imputados.

Se prevé que el juicio oral y público continúe hasta fin de año. Por la sala de audiencias pasarán alrededor de 150 testigos que declararán ante el Tribunal compuesto por la jueza Ana Carina Farías y los jueces Jorge Abelardo Basbús y Enrique Lilljedhal.