David Aranda, Benjamín Padilla y Hugo Décima impugnaron el fallo dictado el 11 de mayo que los condenó a penas de entre 8 y 10 años por la violación grupal de Andrea, la joven de 23 años de Burruyacu. Ante esta situación, este viernes 8 de julio se realizó una audiencia para determinar si se prorrogaba la prisión preventiva dictada por el tribunal presidido por la jueza Isolina Pérez de Nucci.

“Las condiciones por las que la jueza determinó que los imputados continúen en prisión preventiva no se modificaron, sino que por el contrario, con la pena otorgada, el riesgo de fuga se incrementó”, dijo en la audiencia la fiscal Pilar Sampayo. Atendiendo que en el plazo de 72 días - es decir hasta el 19 de septiembre- se cumple el plazo máximo que los condenados sin sentencia firme permanezcan en prisión, la fiscal solicitó que la prórroga en esta instancia se extienda hasta entonces.

El juez Facundo Maggio decidió hacer lugar al pedido de Sampayo al que se sumó el abogado querellante Gustavo Morales. Morales, por su parte, en la audiencia denunció que los abusadores gozan de “un grosero privilegio” al encontrarse detenidos en la comisaría de Benjamín Aráoz. En este sentido, Maggio ordenó, además, el inmediato traslado de Padilla, Aranda y Décima al penal de Villa Urquiza.

“La sentencia debería quedar firme en este lapso, si no quedarán con prisión domiciliaria y es un peligro que se fuguen”, dice Erika, madre de Andrea que siguió la audiencia virtual. “Ya sabemos del poder adquisitivo de Padilla y lo puede hacer, si me ofreció 40 millones para callar, ya puedo esperar cualquier cosa”, remata la mujer y denuncia reiteradas amenazas y agresiones hacia ella y su familia por parte de los familiares de los abusadores.

Cabe recordar que los jueces dictaron 8 años de prisión para David Aranda, 10 años para Benjamín Padilla y 9 años para Hugo Décima y que Padilla, además, es hijo de un ex intendente y actual funcionario del Gobierno de Tucumán.